¿En verdad somos solidarios?

¿En verdad somos solidarios?

La paradoja se nos presenta porque, mientras cientos de pequeñas poblaciones estaban sufriendo el embate de las inclemencias del tiempo, perdiéndolo todo, la mayor parte de la población —incluyendo las autoridades— estaban divirtiéndose abstraídas en la celebración cívica más grande, que es la Independencia de México. Lo anterior lo señalo como un dato que más adelante abundaré.

Al paso de los días aparecerían en los noticieros el desastre, los daños y los muertos flotando que dejaron al desnudo no sólo la falta de previsión para atender esta magnitud de eventos, sino también las lacras de una sociedad corrupta que recorre todo el tejido social desde el ciudadano hasta sus autoridades.

Lo anterior se basa —y parte de las declaraciones de los expertos— en que determinaron que los mayores daños se dieron en asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, y que existen responsabilidades desde las autoridad que les dio los permisos para construir, el líder que los llevó a asentarse o el constructor de los fraccionamientos,  si éste es el caso. Por otro lado no menos importante es que a los pobladores hoy damnificados la necesidad, la pobreza y en la mayoría de los casos líderes corruptos, los llevaron a asentarse en zonas de alto riesgo, y me consta que algunos gobiernos estatales y municipales los invitan a desalojar esos lugares y se oponen terminantemente alegando todo, menos su seguridad. La prueba se da hoy día: cuando se les invita a desalojar las zonas de riesgo para reubicarlos, no lo quieren hacer.

Y surge la pregunta: ¿en verdad somos solidarios? Por ejemplo, tú dónde estabas cuando ocurrió esta tragedia, qué has hecho como sociedad para prevenir los daños por desastres naturales o para remediarlos, tú que eres autoridad, funcionario o simplemente un ciudadano católico —recordemos que el 83% de los mexicanos profesamos la fe católica y que hay toda una Iglesia con estructuras de laicos que participan cotidianamente en el quehacer nacional—, tú qué no hiciste y cuál es tu responsabilidad.

En el caso de las colonias de Acapulco, la ambición económica de los desarrolladores, la falta de probidad de los funcionarios y la falta de respeto al ecosistema al desviar el cauce del Río Colacho y apropiarse del lecho de una laguna, que seguramente resultará ser un terreno propiedad de la nación. Porque la doctrina social de Iglesia dice que “Cualquier actividad económica que se sirva de los recursos naturales debe preocuparse también de la salvaguardia del medio ambiente y prever sus costos”. En verdad, desde nuestra alta o modesta posición, ¿nos inconformamos, protestamos o qué hacemos cuando vemos este tipo de agravios a la naturaleza?

Ya sabemos que en este país multiétnico y multicultural, donde conviven la ambición y la necesidad, hay dos clases en cuanto a este tema: la primera, de los que hacen de los recursos naturales de la nación su patrimonio exclusivo y quieren explotar a toda costa al más desposeído, y se aprovechan de su esfuerzo —pagándole salarios bajos y las materias primas que producen por debajo de su precio real—, así como de su ignorancia. Y la segunda, formada por 50 millones de pobres que luchan por sobrevivir en un mundo globalizado que destruye sus microeconomías y que los desplaza, arrincona y fuerza a vivir en barrancas, en lugares recónditos o en embalses de ríos y los margina de obtener beneficios de los recursos naturales de la nación, a los que tienen derecho, para su desarrollo.

Desde luego que esto origina un conflicto social, como lo señala Stephen Robbins: “Un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses”. No obstante todo lo anterior, nunca hemos visto una crítica o una protesta de las organizaciones de laicos, órdenes religiosas o clero en defensa de estas ambiciones desmedidas de los poderosos, o una orientación, exhortación a estos desposeídos sobre los peligros que corren al asentarse en zonas de riesgo.

También sabemos que el conflicto social parte desde la elección de autoridades que inclusive, como lo he señalado, profesan de manera individual la fe católica, pero que son impreparadas e ineficientes, y por lo tanto no cumplen con sus obligaciones. Esto, a la luz de la doctrina social de la Iglesia en el contexto del compromiso político del fiel laico, requiere un cuidado particular: la preparación para el ejercicio del poder que los creyentes deben asumir, especialmente cuando sus conciudadanos les confían este encargo según las reglas democráticas (cita DSI 567).

La pobreza que dejó al descubierto los huracanes no es algo nuevo, es un fardo que se arrastra derivado de una sociedad que sólo siente lástima y corre a ayudar cuando ya está el niño ahogado, que no es solidaria con la condición de vida de sus hermanos, que le cuesta trabajo reconocerse como es, y que un pequeño grupo de privilegiados —el 1%— ignora a los millones de pobres ya señalados y no logra su integración social, pues está en la disyuntiva del consenso o de la coacción; para muestra están las protestas callejeras de los maestros.

Tenemos que reconocer que el actual modelo económico no funciona, por lo que la doctrina social de la Iglesia señala que “Los estudiosos de la ciencia económica, los trabajadores del sector y los responsables políticos deben advertir la urgencia de replantear la economía, considerando, por una parte, la dramática pobreza material de miles de millones de personas y, por la otra, el hecho de que a las actuales estructuras económicas, sociales y culturales les cuesta hacerse cargo de las exigencias de un auténtico desarrollo”(564).

Hay una lucha en los extremos de un mismo puente: los que defienden sus posesiones y los desamparados que no tienen nada, están dispuestos a todo y tratan de cruzarlo por la fuerza, azuzados por los mismos líderes que los llevaron a la postración en que hoy se encuentran. En el caso de las inundaciones, las situaciones individuales no deben trascender en perjuicio de la estructura social, por lo que esta coyuntura en lugar de ser un factor de atraso debe de convertirse en un factor de progreso para que los damnificados aprovechen y se integren —mediante acuerdos y pactos— a un auténtico desarrollo, ubicándose en zonas seguras con respeto a la ley y a la propiedad; en esto tenemos mucho que hacer los que integramos la Iglesia católica y asumir nuestra responsabilidad social.

Los millones de católicos que profesan nuestra esta fe —sean autoridades, funcionarios, servidores públicos o simples ciudadanos— les recordamos que “La doctrina social es un instrumento eficaz de diálogo entre las comunidades cristianas y la comunidad civil y política, un instrumento idóneo para promover e inspirar actitudes de correcta y fecunda colaboración, según las modalidades adecuadas a las circunstancias. El compromiso de las autoridades civiles y políticas, llamadas a servir a la vocación personal y social del hombre, según su propia competencia y con sus propios medios, puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia un importante apoyo y una rica fuente de inspiración” (534).

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