Honorables señoras y señores Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de...

Honorables señoras y señores Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión:

Hacemos votos por el éxito en el desempeño del cargo que el pueblo de México les ha conferido y cuyo ejercicio hoy inician.

Al mismo tiempo, queremos aprovechar la oportunidad para presentarles al Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), que es una institución integrada  por laicos católicos, con espíritu ecuménico, en diálogo con las culturas, cuya misión es contribuir a formar la conciencia personal y social, para construir una realidad social justa a la luz del Evangelio y a través de la investigación, la enseñanza y la difusión del pensamiento social cristiano.

Uno de los principios fundamentales de la filosofía social consiste en concebir a la política como una de las actividades más nobles y de mayor trascendencia que puede realizar el ser humano en sociedad, porque está orientada a la realización del bien común. De ahí que la política posea el primado en la solución de los problemas sociales; todos ellos, en alguna medida, tienen su origen en la política o en ella desembocan. Es cosa de todos sabida que, en los campos social y económico —tanto nacional como internacional—, la decisión última corresponde al poder político.

Ha sido un avance histórico y civilizatorio irreversible la autonomía de la política, lo cual no significa que la política esté desvinculada del orden moral; sino que, por el contrario, siendo la política una acción consciente del hombre orientada al bien público temporal, se inscribe en la moral que es un ámbito más amplio al cual debe sujetarse. Por ello, la política está limitada en cuanto que debe predisponer de los medios en vista de sus fines, pero no puede disponer de los fines. Es decir, no se pueden alcanzar los fines propios de la política por medios moralmente ilícitos. La ética y la política deben constituir un binomio indisoluble. Es una aberración ética aceptar que el fin justifica los medios.

Sin embargo, es patente que en nuestro medio el ejercicio de la política se ha degradado y frecuente e impunemente se transgreden los más elementales principios de la ética y la moral. Urge, entonces, la rehabilitación moral de la política.

Ahora bien, una de las expresiones de la actividad política de más radical importancia para la sociedad y el Estado es la función legislativa —la compleja actividad legislativa—, sin la cual no puede existir el Estado de derecho. Las leyes no son sutilezas teóricas que permanecen en la intemporalidad, sino decisiones normativas que afectan radicalmente la vida concreta de las personas, de las familias, de las comunidades, de las instituciones. Por ello, las leyes siempre deben entrañar soluciones justas a los problemas derivados de la realidad histórica de un país. Las leyes justas construyen un orden social justo, las leyes inicuas abonan a la injusticia social.

Consecuentemente, no puede exagerarse la gravedad de la responsabilidad que ustedes han adquirido con la nación, porque si bien asumen hoy un cargo de la más alta jerarquía política y de la mayor honra como depositarios de la representación nacional, éste implica el inexcusable deber de actuar conforme a las exigencias de la justicia y del bien común y de encuadrar su conducta en el marco de los valores fundamentales de la ética.

A nadie escapa la magnitud de su tarea política, por cuanto que, de acuerdo con  nuestro sistema constitucional, ustedes tienen, además de la facultad de elaborar leyes en conjunción con el Senado de la República, la de ejercer control y vigilancia sobre el poder ejecutivo, a través de diversos instrumentos que prevé la Constitución y la legislación correspondiente.

No se puede ignorar que el desprestigio de la política no sólo incluye a los funcionarios del poder ejecutivo, sino también a los partidos y a los órganos legislativos, los cuales, como lo indican todas las encuestas, tienen los más bajos índices de aceptación, y a muchos de cuyos miembros —sería absolutamente injusta la generalización— se les acusa de corruptos. Pero pensamos, al mismo tiempo, que ustedes pueden iniciar una lucha frontal contra la corrupción política en nuestro país. Tienen los medios instrumentales y las atribuciones constitucionales para hacerlo, sólo les faltaría la voluntad política —que incluye la intachable conducta personal de cada uno— para hacerlo. México merece que la de ustedes sea una legislatura histórica: la de restaurar la política —en su privilegiado ámbito legislativo— como la acción transformadora orientada a construir un país en donde la corrupción y la impunidad sean la excepción y no la regla, y en donde el bien común prevalezca sobre los intereses particulares.

Con este convencimiento los exhortamos, cualquiera que sea su filiación política y con profundo respeto a las convicciones fundamentales de cada uno, a que se dispongan a emprender el rescate de nuestra vida pública. Para ello se requiere, como premisas indispensables, que no los guíe otra preocupación que la del interés público; que orienten toda nuestra legislación con el espíritu de realizar el bien, sobre todo y de manera preferencial por los más desfavorecidos; que no haya una ley que no se discuta sin tener en cuenta siempre en qué puede afectar a los más pobres de nuestros connacionales; que las filias y fobias partidistas no oscurezcan el horizonte de la justicia; que los prejuicios ideológicos no impidan la visión de la verdad; que con auténtica buena voluntad se potencie el diálogo como medio privilegiado para favorecer el bien superior de la nación, sobre la base de la cultura del encuentro, del respeto y del reconocimiento de las legítimas diferencias y opiniones de los demás. Lo cual no excluiría, por supuesto, la discusión fogosa —a veces apasionada— propia de la vida parlamentaria, pero nunca atizada por el odio al adversario ideológico.

Como representantes genuinos de la nación, no pueden olvidar que ustedes tienen también la inmensa responsabilidad de ser garantes de los derechos humanos, dentro de su propio ámbito de competencia, a través de la propias leyes que aprueben y de sus funciones de control de los otros poderes y de la amplísima potestad de denuncia contra los agentes del poder público que los violen. Debe tenerse presente que en la actualidad a los derechos humanos se les considera como el contenido fundamental del bien común, porque en ellos están implicadas  las principales exigencias morales y jurídicas que deben presidir la construcción de la comunidad política. La primera de ellas: el respeto a la dignidad humana. Hay que añadir que las excesivas desigualdades económicas y sociales constituyen un escándalo y una ofensa a esa dignidad humana, y que ustedes tienen los medios jurídicos y políticos para atemperarlas.

De ahí que sea un imperativo que los que hacen de la política una actividad profesional —de suyo de las de mayor dignidad y nobleza que puedan existir en la sociedad— demandan tener estructura moral, principios éticos, convicciones fundamentales de incuestionable solidez en un grado superior al nivel ético medio de la sociedad. No basta con cierta adhesión a valores morales más o menos sinceros pero epidérmicos, que tal vez sería suficiente para el ejercicio de otras profesiones en las que no se presenta la tentación constante y la oportunidad cierta de la ganancia venal.

No ignoramos, señoras y señores diputados, que se requiere integridad moral para ser servidores de la verdad y desempeñar su encargo sin corromperse. Se necesita mucha fuerza y perseverancia para conservar la honestidad, que debe estar enraizada en una nueva actitud existencial que rompa el círculo vicioso de la corrupción imperante.

Por nuestra parte, les ofrecemos —como estamos seguros que lo hacen todos los mexicanos— nuestro más desinteresado apoyo que, por supuesto, no excluye la crítica a todas sus ingentes tareas legislativas y a todas la medidas probadamente eficaces contra la corrupción.

Muy cordialmente,

Lic. Román Uribe Michel                                                                            Dr. Raúl González Schmal                         Presidente                                                                                      Comisión Política y de Libertad Religiosa
                                                                                                                                Coordinador