La ética política en la enseñanza social de la Iglesia

La ética política en la enseñanza social de la Iglesia

1864

La doctrina social de la Iglesia forma parte de la moral social y ésta, a su vez, recibe su inspiración de las fuentes de la Revelación: Sagradas Escrituras, Tradición y Magisterio. Por eso, aunque es formulada más precisamente del Magisterio, no es válido afirmar que carece de una referencia a la Palabra de Dios y a la Tradición, por eso tal como ha señalado González-Carvajal: «la doctrina social de la Iglesia es la explicitación de las consecuencias de la fe cristiana que, a partir de la encíclica Rerum Novarum de León XIII (1891), que viene realizando el magisterio de la Iglesia, especialmente del pontificio».1 Así, no es de extrañar que la doctrina social de la Iglesia, pensando que un cauce normal de la fe cristiana sea la participación política, tenga muchas orientaciones sobre la política. Las más destacadas son las enseñanzas del Papa León XIII, de Pío XII y de Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris, y de Pablo VI (carta apostólica Octogesima adveniens). El Vaticano II, en el capítulo VI de la segunda parte de la Gaudium et Spes, tiene también orientaciones muy importantes acerca de la moral política. La doctrina social de la Iglesia tiene unos temas relevantes que trata con frecuencia. A continuación presentamos algunos de estos temas.

Necesidad y configuración justa de la autoridad
política (del poder político)2

La doctrina social de la Iglesia ha reconocido perfectamente la necesidad del poder político dentro de la sociedad, que permitirá constituir la comunidad política como una realidad necesaria y urgente para el desarrollo de la persona humana. De modo particular, León XIII ha insistido en la necesidad de la autoridad política; en general, la doctrina social de la Iglesia se fija atentamente en las condiciones de su justa actuación. Presenta dos condiciones fundamentales y unidas: el poder político debe realizarse dentro del orden moral y, por lo tanto, debe tener como meta la realización del bien común. Si la comunidad política quiere ser justa, tiene que tomar en cuenta estas dos condiciones y basarse en ellas. En su importante encíclica Pacem in terris, Juan XXIII expone de manera sistemática la primera condición. Dice que la autoridad política debe estar sometida al orden moral: «La autoridad misma no es, sin embargo, una fuerza exenta de control; más bien es la facultad de mandar según razón. La fuerza obligatoria procede, consiguientemente del orden moral, el cual se fundamenta en Dios, primer principio y último fin suyo».3 Juan XXIII está de acuerdo en lo que es la sumisión del poder político al orden moral y cree que, en este sentido, su finalidad es la realización del bien común. Pablo VI, en su carta apostólica Octogesima adveniens, subraya también el bien común como criterio de la sumisión del poder político al orden moral:

El poder político, que constituye el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social, debe tener como finalidad la realización del bien común. Respetando las legítimas libertades de los individuos, de las familias y de los grupos subsidiarios, sirve para crear eficazmente y en provecho de todas las condiciones requeridas para conseguir el bien auténtico y completo del hombre, incluido su destino espiritual. Se despliega dentro de los límites propios de su competencia, que pueden ser diferentes según los países y los pueblos. Interviene siempre movido por el deseo de la justicia y la dedicación al bien común, del que tiene la responsabilidad última. No quita, pues, a los individuos y a los cuerpos intermedios el campo de actividades y responsabilidades propias de ellos, los cuales les inducen a cooperar en la realización del bien común.4

Los regímenes políticos

La doctrina social de la Iglesia reconoce que en cuanto a las formas políticas hay diversidad de opciones, pero lo que se necesita o se pide es que los que se elijan realicen el bien común. A pesar de la diversidad, todos los sistemas políticos han de ser compatibles con un principio: la democracia fundamental. Juan XXIII reconoce y recuerda que, a pesar de que toda autoridad viene de Dios, los hombres tienen que elegir a los gobernantes, establecer la forma de gobierno y determinar los límites en el ejercicio de la autoridad. 5 Dicho de otro modo, se puede elegir libremente cualquiera forma de gobierno con tal de que garantice eficazmente el bien común y la utilidad de todos. En 1944, en su mensaje de Navidad, el Papa Pío XII desarrolló de modo amplio y claro el tema de la democracia. Para él, el sistema democrático tiene la aprobación y el consentimiento de los que quieren aspirar de manera eficaz a la colaboración de los destinos de los individuos y de la sociedad. Este sistema, para el Papa, se manifiesta como el modelo de gobierno que es un postulado natural impuesto por la razón humana.

La participación y el pluralismo en la actividad
política

En la misma línea que la concepción auténtica de la democracia, la doctrina social de la Iglesia presenta la concepción de la actividad política sostenida por la participación y el pluralismo. Es un sistema político capaz de traer a la comunidad la felicidad que desea; el pluralismo político es de gran envergadura porque tiene su fuente en diversos medios que son: la creación libre de asociación política, la creación y el funcionamiento de los partidos políticos, la aceptación de grupos que sostienen otras ideologías o de oposición. La democracia como tal, a pesar de que ha mostrado su debilidad en algunos países, es preferible por lo que representa uno de sus pilares que es la participación de todos en la actividad política, nadie queda excluido en esta concepción del sistema político.

En este sentido, la aceptación de diferentes puntos de vista o de opiniones es importante. Esta idea es sostenida por el Gaudium et Spes en su número 74, cuando invita al cristiano a reconocer la legítima pluralidad de opiniones que son discrepantes y el respeto a todos los ciudadanos en su manera de ver las cosas;6 también destaca la importancia de los partidos políticos, por eso les pide reconocer y promover todo lo que exige el bien común y, por último, les exige hacer énfasis en la primacía del bien común sobre el bien individual.

La aspiración a la participación y a la igualdad promueven un tipo de sociedad de carácter democrático. A pesar de que existen diferentes modelos de política, ninguno satisface completamente; por ello, los cristianos son también llamados a estar en la búsqueda del modelo que esté entre las ideologías y las pragmáticas.

La necesidad del Estado

El Estado, en su realidad política, ha llamado mucho la atención de la enseñanza social de la Iglesia; por eso, frente a las realidades como el anarquismo, el absolutismo, el totalitarismo y las dictaduras, el magisterio de la Iglesia proclama la necesidad del Estado, su finalidad de servir a los demás, su carácter subsidiario, sus diversas funciones y su vinculación al derecho. Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, anota que lo que se requiere en la organización jurídica del Estado de nuestra época es redactar, con fórmulas concisas y claras, un compendio de los derechos fundamentales del hombre e incluirlos en la constitución general del Estado. Se requiere que se definan de modo específico los derechos y deberes del ciudadano en sus relaciones con las autoridades y que se prescriba de forma clara, como misión principal de las autoridades, el reconocimiento, respeto, acuerdo mutuo, tutela y desarrollo continuo de los derechos y deberes del ciudadano.

 Por su parte, el Papa León XIII en el documento Immortale Dei (1885) afirma que el hombre está llamado u obligado por naturaleza a vivir en comunidad política. El hombre no puede responder a todas las necesidades y utilidades de la vida cotidiana sin la comunidad. Dios creándolo, le dio la capacidad de buscar una vida en unión y asociación con sus semejantes.8 El hombre se siente realizado y más humano cuando responde a todas las reglas de la intersubjetividad. Sin duda, la política es un lugar privilegiado para promover esta intersubjetividad.

Esta visión sobre la comunidad política y el poder político son bases para presentar algunos criterios

válidos en el ejercicio del poder. Se concibe aquí el poder que, teniendo fuente en la Providencia de Dios, tiene que ser una oportunidad no para el bien de unos pocos, sino para el de todos. Si eso se concibe así, el ciudadano puede ya tener una actitud de obediencia y fidelidad al gobernante. ¿Pero cuál será la actitud de los gobernantes según León XIII? El Papa cree que «los jefes de Estado deben poner totalmente la mirada en Dios, supremo gobernador del Universo, y tomarlo como modelo y norma en el gobierno del Estado».9 Los gobernantes, según León XIII, se presentan con el poder de dirigir como Dios lo hace con todo el género humano. En esta perspectiva, el poder tiene que ser justo, paterno al ejemplo del de Dios que ama a los hombres como el padre de bondad. Con esto puede asegurarse el bienestar para todos.

Relación entre gobernante y ciudadano en Gaudium
et Spes

Este documento nos presenta algunos criterios para orientar las relaciones entre el gobernante y el ciudadano en una sociedad pluralista. Es el orden moral que tiene que ser una clave para el buen funcionamiento de toda la vida política. Tanto el gobernante como el ciudadano, todos deben someterse al
orden moral. El documento reconoce la capacidad de los hombres de presentar diferentes puntos de vista que son algunas veces contradictorios, pero el papel del gobernante es canalizar y dirigir estas opiniones hacia el bien de todos. Ildefonso Camacho lo señala así: «para que la comunidad política no se disuelva a causa de la diversidad de opiniones, se requiere una autoridad que dirija las fuerzas de todos los ciudadanos hacia el bien común, no de un modo mecánico ni despóticamente, sino principalmente como fuerza moral que se basa en la libertad y en el sentido del deber y de la responsabilidad.

Hay que reconocer siempre que el ejercicio de la autoridad tiene que desenvolverse dentro de los límites del orden moral para buscar y procurar el bien común.

Las autoridades en el ejercicio del poder tienen una gran responsabilidad e importancia en este cargo. En una situación en que la autoridad no reconoce su responsabilidad y no respeta la ley del amor al prójimo oprimiendo a los ciudadanos, estos últimos tienen el deber de defender sus derechos, y siempre tienen que buscar la realización del bien común. Además, tienen la obligación de denunciar este abuso de la autoridad: En donde los ciudadanos son oprimidos por la autoridad pública, extralimitando su competencia, no deben ellos negarse a dar lo que objetivamente exige el bien común; pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de la autoridad, dentro de los límites señalados por la ley natural y la evangélica.

En los papados posteriores —Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco— se ha insistido en la necesaria toma de conciencia de participar en la política. Basta el ejemplo de la última exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en la que hace un llamado urgente a participar en la política como una obligación ética y ciudadana. A lo largo de su pontificado y de diversas formas, Francisco llama a ejercer el poder como servicio.

De algún modo, Evangelii Gaudium resume esa preocupación: «Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora, y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesús.

Artículos similares