Principios de la doctrina social de la Iglesia (parte 2 de 2)

Principios de la doctrina social de la Iglesia (parte 2 de 2)

  • El principio del bien común. Consiste en el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección y realización humana. Es un bien de todo el hombre y de todos los hombres. No consiste, por tanto, en la simple suma de bienes particulares; tampoco se compone únicamente de bienes materiales y económicos. Su contenido no es establecido de una vez para siempre, sino, más precisamente, depende de las condiciones sociales de cada época. El bien común es el fin de la política y es la tarea de toda autoridad y gobierno. Los elementos irrenunciables del bien común son: el compromiso por la paz, un sólido ordenamiento jurídico, la salvaguardia del ambiente y la prestación de los servicios necesarios de alimentación, habitación, trabajo, educación, cultura, transporte, salud y libertades esenciales.
  • El principio del destino universal de los bienes. Este principio tiene su origen en el principio del bien común y en el proyecto de Dios que ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Éste es el primer principio de todo el ordenamiento ético social; es un principio peculiar de la doctrina social cristiana y del derecho natural. Así, la Iglesia tiene la misión de luchar para que todos los hombres puedan ser reintegrados en la posesión de lo necesario para vivir dignamente optando preferencialmente por los que no lo tienen.
  • El principio de subsidiariedad. Consiste en regular las relaciones entre personas y sociedad, más precisamente, entre grupos sociales desiguales. Su finalidad es proteger a las personas de los abusos del poder, o sea, de una presencia injustificada y excesiva del Estado asistencial o instituciones internacionales o monopólicas, cuando no respetan el primado de la persona y de la familia. Conforme a este principio, todas las sociedades y/o instituciones de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (“subsidium”) —apoyo, promoción y desarrollo— respecto a las menores.
  • El principio de participación. Este principio se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida política, económica, cultural y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. Es también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos y una de las mejores garantías de permanencia de la democracia.
  • Principio de solidaridad. La solidaridad es la firme y perseverante determinación por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que seamos verdaderamente responsables de todos. Deriva, principalmente, de la misma naturaleza sociable del ser humano y de la necesidad de establecer vínculos con los demás. Sin la solidaridad, el otro se vuelve enemigo u objeto de indiferencia, o cuando mucho objeto de nuestra tolerancia. Este principio es contrario a todo conformismo indiferente e individualismo egoísta. El Compendio de la doctrina social de la Iglesia cita a Jesús como hombre solidario con la humanidad hasta dar su propia vida en la cruz.

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