Viabilidad de una política de salarios dignos

Viabilidad de una política de salarios dignos

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José Luis Calva1

En su Carta Encíclica Laborem Exercens, el Papa Juan Pablo II señaló: “Una justa remuneración por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro”. Y en una amplia visión sistémica afirmó: “La justicia de un sistema socioeconómico y, en todo caso, su justo funcionamiento merecen en definitiva ser valorados según el modo como se remunera justamente el trabajo humano dentro del sistema”.1

 En México, durante el año que está por concluir el salario mínimo fue de $67.29 diarios para la zona A y de $63.77 para la zona B (o sea $1,967.40 y $1,913.10 mensuales, respectivamente), lo que significa un ingreso mensual para un jefe de familia nuclear típica (de 4 miembros) muy inferior a la línea de bienestar (o de la pobreza), que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) fue de $2,409.4 mensuales por persona en el medio urbano, o sea $9,637.6 por familia típica.

1 Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Peor aún, el salario mínimo se ubica debajo de la línea de la pobreza extrema, también llamada pobreza alimentaria, que de acuerdo con el CONEVAL fue de $1,287.64 por persona al día en el medio urbano, o sea $5,150.56 mensuales por familia típica de 4 miembros. Hay que recordarlo: la pobreza alimentaría es definida por el CONEVAL como la “incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta”, es decir, aunque la familia no realizara ningún gasto en transporte, medicinas, vivienda, ropa, etcétera, y tampoco gastara en combustibles, utensilios, etcétera para cocinar los alimentos, de modo que los comiera crudos.

¿Qué juicio de valor merece entonces el sistema socioeconómico vigente en México que tiene una política de salarios mínimos por debajo de la línea de la pobreza extrema? En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco señaló: “Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres […] atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es la raíz de los males sociales”. ¿Puede México superar su dramática perdida de cohesión social con la política salarial vigente y el sistema socioeconómico que la hace factible?

La inequidad ha ido tan lejos en México que nuestro país destaca hoy como el que tiene el más bajo salario mínimo de América Latina medido en dólares estadounidenses corregidos a paridad de poder adquisitivo (véase cuadro 1).

CUADRO 1, SALARIOS MÍNIMOS EN AMÉRICA LATINA.
DÓLARES CORREGIDOS A PARIDAD DE PODER
ADQUISITIVO 2011.

Argetina 863,04 Colombia 458,30

Paraguay 744,49 Perú 443,79

Guatemala 595,97 Uruguay 392,62

Honduras 590.77 El Salvador 377.81

Panamá 581.79 Brasil 370.50

Costa Rica 572.96 Haití 340.17

Venezuela 570.66 Jamaica 332.58

Trinidad y Tobago 550,19 República Dominicana 310.30

Belice 525.65 Nicaragua 307.99

Chile 522,96 Bolivia 276.78

Ecuador 501,90 México 196.72

Fuente: Para salarios en moneda nacional, OIT, Global Wage Database; para tipo de cambio corregido a paridad de poder adquisitivo. FMI, World Economic Outlook Database, octubre 2014.

¿Cómo llegamos a este abismo de miseria salarial? Desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el presente, en vez de utilizar la política de salarios mínimos como herramienta para elevar paulatinamente el nivel de vida de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso, los sucesivos gobiernos neoliberales la han utilizado como instrumento antiinflacionario: los incrementos del salario mínimo han sido fijados en igual magnitud que las tasas de inflación proyectadas, pero como éstas casi siempre han sido superadas por las tasas de inflación realmente observadas, se ha provocado el deterioro prácticamente ininterrumpido del poder adquisitivo del salario. A precios constantes de 2014, el salario mínimo diario descendió de $233.32 en 1982 a $65.58 en 2014 (véase cuadro 2). Más aún, la política salarial retrógrada situó estas remuneraciones por debajo de las prevalentes en 1946 (cuando elsalario mínimo fue de $88.28, a precios de 2014). Ergo, no se trata sólo de dos décadas perdidas en la mejora del bienestar de los asalariados más desvalidos, sino de una regresión de más de medio siglo. Además, puesto que los incrementos de los salarios mínimos han servido de guía para la negociaciones salariales de los trabajadores del sector formal de la economía, éstos sufrieron también una fuerte pérdida de poder adquisitivo: los salarios contractuales de las ramas de jurisdicción federal perdieron el 64.1% de su poder de compra durante el período 1983-2014 (véase cuadro 2).

Captura

Esta regresión salarial es igualmente mayor de medio siglo.

Como resultado agregado para el conjunto de los asalariados mexicanos, durante el tercer trimestre de 2014, el 72.4% de los trabajadores subordinados y remunerados con ingreso especificado (21,276,588 trabajadores) ganaron desde menos de un salario mínimo hasta 3 salarios mínimos (equivalentes a $5,902.2 mensuales en la zona A), lo que significa para los jefes de familia un ingreso mensual muy por debajo de la línea de la pobreza.

El falso argumento que ha sustentado esta política salarial retrograda fue expuesto desde el primer programa económico neoliberal (el Programa Inmediato de Reordenación Económica, diciembre de 1982), según el cual los aumentos salariales superiores a la inflación esperada provocan presiones inflacionarias que acaban deteriorando aún más el poder adquisitivo del salario. Para evidenciar el carácter espúreo de este argumento tecnocrático neoliberal, en el prólogo del superiores a las tasas de inflación anterior y posterior (la inflación bajo el gobierno de ALM fue de 2.5% en promedio anual y bajo el gobierno de GDO fue de 2.6% en promedio anual). Además, las tasas de incremento del salario real (7.7% anual bajo el gobierno de ALM y del 4.7% anual bajo el gobierno de GDO) resultaron también superiores a las tasas de incremento de la productividad laboral, la cual creció 2.6% en promedio anual, de acuerdo con las cifras reportadas por el principal conductor del desarrollo estabilizador (Antonio Ortíz Mena, “Desarrollo estabilizador. Una década de estrategia económica en México”, publicado originalmente en El Mercado de Valores, Núm. 44, NAFINSA, México, 1969; y reeditado en A. Ortíz Mena, El desarrollo estabilizador. Reflexiones de una época, FCE, México, 1998). libro Empleo digno y distribución del ingreso (Juan Pablos Editor- CNU, México, 2012), narré como durante la época del desarrollo estabilizador los incrementos del salario mínimo (10.2% en promedio anual bajo el gobierno del presidente Adolfo López Mateos y 7.8% en promedio anual bajo el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz) fueron siempre superiores a las tasas de inflación anterior y posterior (la inflación bajo el gobierno de ALM fue de 2.5% en promedio anual y bajo el gobierno de GDO fue de 2.6% en promedio anual). Además, las tasas de incremento del salario real (7.7% anual bajo el gobierno de ALM y del 4.7% anual bajo el gobierno de GDO) resultaron también superiores a las tasas de incremento de la productividad laboral, la cual creció 2.6% en promedio anual, de acuerdo con las cifras reportadas por el principal conductor del desarrollo estabilizador (Antonio Ortíz Mena, “Desarrollo estabilizador. Una década de estrategia económica en México”, publicado originalmente en El Mercado de Valores, Núm. 44, NAFINSA, México, 1969; y reeditado en A. Ortíz Mena, El desarrollo estabilizador. Reflexiones de una época, FCE, México, 1998).

No obstante, los incrementos salariales a tasas mayores que la suma de las tasas de inflación y de incremento de la productividad, jamás desencadenaron una escalada inflacionaria. ¿Por qué? Porque entre los propósitos honestamente postulados y congruentemente aplicados del desarrollo estabilizador figuraron precisamente los siguientes: “aumentar los salarios reales” y “mejorar la participación de los asalariados en el ingreso nacional disponible” (Ortíz Mena, op. cit.). En congruencia con este objetivo dual, los aumentos salariales debían precisamente superar los incrementos agregados de los precios y la productividad, a fin de lograr la mejora en la distribución factorial del ingreso. De acuerdo con las cifras de Antonio Ortíz Mena, la participación de los salarios en el ingreso nacional disponible (IND) efectivamente pasó del 26.3% en 1950-1958 al 35.2% en 1959-1967 (último dato disponible cuando Ortíz Mena escribió su artículo citado), alcanzado el 38.3% del IND en 1970; mientras que el excedente de operación, o sea las ganancias empresariales, se redujeron del 70.2% del IND en 1950-1958, al 60.7% del IND en el período 1959-1967 (descendiendo incluso hasta el 57.3% del IND en 1970), lográndose así mejorar la distribución factorial del ingreso.

Desde luego, para que esta mejora en la distribución del ingreso fuera factible, se requería un acuerdo social; y, en efecto, el Pacto Social de la Revolución Mexicana estaba entonces vigente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entonces era letra viva en sus propósitos económicos y sociales, estipulaba: “los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”. El texto constitucional formalmente continúa vigente, pero bajo el reino de la filosofía económica neoliberal fue convertido en letra muerta En la práctica, el acuerdo social operaba en forma de compromiso de no trasladar a los precios de los productos, los incrementos reales de los salarios. No obstante, aunque la relación salarios/utilidades se  incrementaba progresivamente en favor de los asalariados, la masa de ganancias empresariales crecía aceleradamente, debido al fuerte crecimiento económico sustentado en un pujante mercado interno, de manera que la inversión fija bruta (IFB: en maquinaria, equipo y construcciones) se incrementaba aceleradamente: a una tasa media del 8.8% anual durante el sexenio 1959-1964 y del 9.2% anual en el sexenio 1965-1970, con un crecimiento acumulado de la IFB de 181.3% durante estos dos sexenios, lo que permitió el crecimiento del PIB a una tasa media del 6.8% anual en el período 1959-1970.

En contraste, bajo el modelo económico neoliberal la inversión fija bruta apenas creció a una tasa media del 2.4% anual durante el periodo 1983-2013, lo que implicó un incremento acumulado de la IFB de sólo 111.9% durante más de cinco sexenios; y la participación de los salarios en el ingreso nacional disponible, que había alcanzado el 41.6% durante el período 1980- 1982, descendió al 30.8% del IND en el período 2011-2013. En consecuencia, la estrategia macroeconómica que erige la estabilidad de precios en objetivo a ultranza utilizando los incrementos del salario mínimo como guía de las expectativas inflacionarias no sólo ha traído consigo el empobrecimiento de las mayorías nacionales, sino también un paupérrimo crecimiento del mercado interno, con efectos negativos sobre el crecimiento del PIB.

Ahora bien, aunque de acuerdo con los dogmas neoliberales se esperaba que los bajos salarios conducirían a un mayor nivel de empleo, los mercados de trabajo no se comportaron conforme a los supuestos ortodoxos. Por el contrario, el exiguo y volátil crecimiento del producto nacional bajo el modelo neoliberal, trajo consigo un igualmente pobre y errático crecimiento del empleo.

Para ofrecer suficientes puestos de trabajo a sus jóvenes, la economía mexicana debe crecer a una tasa media de por lo menos 6% anual. Esta relación tiene por fundamento el hecho de que la población demandante de empleos crece a una tasa cercana al 4% anual ― debido a las tasas de crecimiento demográfico observadas desde que nacieron las sucesivas cohortes de jóvenes que cada año alcanzan la mayoría de edad, sumadas a la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral―, de manera que un crecimiento económico del 4% anual sólo sería suficiente para ocupar en México a los nuevos demandantes de empleo si la productividad del trabajo no aumentara. Con un incremento de la productividad del 2% anual (o mayor) es necesario un crecimiento económico cercano al 6% anual (o mayor) para dar ocupación a nuestros jóvenes demandantes de empleo.

Bajo la estrategia económica de industrialización liderada por el Estado, precedente a la neoliberal, el PIB mexicano creció a una tasa media del 6.1% anual durante eperiodo 1935-1982, de modo que se lograron crear puestos de trabajo suficientes para los nuevos demandantes de empleo. Pero durante las ya poco más de tres décadas de aplicación de la estrategia económica neoliberal, de 1983 a 2014, el PIB apenas creció a una tasa media del 2.3% anual, de manera que los empleos generados han sido insuficientes para dar ocupación a las nuevas generaciones. Por esta causa, durante el periodo 1983-2014 más de 12 millones de mexicanos emigraron al extranjero en busca de empleos que no encontraron en nuestro país; 2.6 millones de mexicanos se encuentran en el desempleo abierto (buscan empleo pero no consiguen trabajar ni siquiera una hora a la semana, con o sin retribución), de acuerdo con las cifras de INEGI para el segundo trimestre de 2014; 6.4 millones se encuentran en el desempleo encubierto (no buscan empleo porque no tienen esperanza de conseguirlo, pero se declaran en disponibilidad de trabajar); y 29.3 millones de mexicanos (con la nueva metodología del INEGI), que representan el 59% de la población ocupada, se encuentran empleados en la economía informal, caracterizada por su baja productividad, sus pobres retribuciones y la exclusión de las instituciones de seguridad social.

Como resultado de todo lo anterior, incluyendo el incremento de la pobreza asociada a la salvaje caída de los salarios reales, nuestro país sufre una grave pérdida de cohesión social cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes.

Para reconstruir la cohesión social y la esperanza de un futuro mejor, es necesario poner punto final a este injusto sistema socioeconómico neoliberal y pasar a una nueva estrategia de desarrollo que asegure el crecimiento robusto de nuestra economía y el pleno ejercicio de los derechos humanos de los mexicanos, incluyendo los derechos económicos y sociales. Hay que recordarlo: la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, establece en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

El pasaje a un sistema socioeconómico con salarios justos y un Estado de bienestar robusto es económicamente viable. Cuando los países europeos instituyeron sus fuertes Estados de bienestar, su PIB percápita era similar o inferior al del México de hoy. Medido en dólares constantes de 1990 corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA), todavía en 1960 el PIB percápita de Finlandia era 6,230 dólares, el de Francia de 7,398, el de Alemania de 7,705 y el de Inglaterra de 8,645 dólares, mientras que el PIB percápita de México en 2008 fue de 7,979 dólares constantes de 1990 corregidos a PPA. Ergo, la ausencia de un Estado de bienestar robusto en México no está asociada a falta de riqueza nacional, sino a la pobreza de nuestra democracia.

Frente a la profunda crisis social que actualmente padece México, el gran reto de la ciudadanía consiste en formar una amplia coalición de fuerzas sociales capaces de construir una sociedad cohesiva mediante una estrategia posneoliberal de desarrollo (una propuesta integral puede verse en la colección de libros de Análisis estratégico para el desarrollo, elaborada por 348 investigadores y publicada por Juan Pablos Editor-CNU: véase www.consejonacionaldeuniversitarios. org.mx). “Una sociedad cohesiva ―observó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos― trabaja hacia el bienestar de todos sus miembros, combate la exclusión y la marginación, crea un sentido de pertenencia, fomenta la confianza y ofrece a sus integrantes la oportunidad de lograr la movilidad ascendente” (OCDE, Perspectivas del desarrollo global 2012: cohesión social en un mundo cambiante, Paris, 2011). Previamente, en su Informe sobre el desarrollo mundial 2006, el Banco Mundial observó: “un aumento de la equidad lleva consigo un funcionamiento más eficiente de la economía, una reducción de los conflictos, un aumento de la confianza y un mejoramiento de las instituciones, con los consiguientes beneficios dinámicos sobre la inversión y el crecimiento”. Es indudable: la plena inclusión de todos los mexicanos en las tareas y los beneficios del desarrollo no sólo es palanca fundamental para un México más equitativo, sino también para ingresar a un ciclo largo de crecimiento acelerado y sostenido de la economía nacional.

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