Conviene entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de informalidad laboral, porque a veces se presenta como si fuera una decisión libre de las personas. Como si por opción decidieran no cumplir con la norma legal.
En realidad, trabajar sin prestaciones, contrato estable, acceso a servicios de salud... es decir, sin protección social y sin derechos laborales, no es una decisión libre. En la mayoría de los casos, es la única opción.
Comprender las causas y efectos de la informalidad en lo laboral es relevante, porque a más de la mitad de la población económicamente activa (al menos 26 millones de personas con trabajo) están excluidas de la seguridad social.
A nivel estadístico, el INEGI mide la informalidad laboral por dos condiciones: la ocupación en el sector informal y el trabajo sin acceso a servicios de salud.
El sector informal son las unidades económicas en los hogares. Se trata de estrategias de sobrevivencia. Personas y grupos familiares que hacen la lucha por generar ingresos desde su casa, como preparar comida, coser ropa, reparar todo tipo de cosas, vender dulces y refrescos... En zonas rurales, refiere también a la actividad productiva de las familias en actividades agrícolas o similares.
El dato estadístico es contundente: 99.9% de las personas que trabajan por su cuenta carecen de seguridad social. Esta tendencia es sistemática y estructural, por décadas.
A inicios de 2020 —antes de la crisis del Covid-19— 12 millones 417 mil personas que trabajaban por su cuenta no tenían acceso a servicios de salud de la seguridad social. Tampoco cotizan en las AFORES.
Y la gran mayoría también carecen de ingreso suficiente. Muy pocos son quienes trabajando por su cuenta son profesionistas independientes (free lancers) bien colocados o "gente de negocios exitosos". A inicio de 2020, 3 de cada 4 personas con trabajo por su cuenta ganaban menos del costo de 2 canastas básicas.
La otra fuente de informalidad, según la definición estadística, son las personas que teniendo un empleo en el sector formal carecen de afiliación a la seguridad social. Llama la atención la situación de quienes tienen trabajo asalariado, es decir un empleo que por ley debiera garantizarles la seguridad social, pero en la práctica se les niega ese derecho.
Esta situación no es una realidad marginal. Aunque hay una responsabilidad personal, también hay una condición estructural, pues no son casos aislados: 42% de personas con empleo carecen de afiliación a la seguridad social. 15 millones de trabajadores asalariados son informales en el sector formal, o como dice el Observatorio de Trabajo Digno: son personas informalizadas.
Las tendencias del trabajo no auguran que esto vaya a cambiar en sentido positivo. Aspirar a que la relación obrero-patronal tradicional resuelva la dualidad formal/informal, no es realista.
De hecho, las tendencias globales y nacionales van en sentido opuesto. Por ejemplo, los modelos de trabajo desde casa que se multiplicarán después del Covid-19 o los trabajos basados en plataformas tecnológicas muestran que muchos nuevos trabajos serán por cuenta propia y también sin seguridad social, contrato estable, salario fijo ni prestaciones.
Esta situación requiere una reforma de fondo: construir un sistema de protección social desvinculado del régimen laboral.
Y el primer paso debe ser romper la cadena que ata el acceso a la salud al contrato. La salud no es una prestación, es un derecho humano. El acceso al sistema público de salud debe ser universal, sin condiciones, sin segmentación. Ésta es la única manera de romper la dualidad informal/formal que es excluyente e injusta.
Rogelio Gómez Hermosillo
Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa creada en 2015 con el respaldo de IMDOSOC, quien asumió el liderazgo para la convocatoria y pasos iniciales de un grupo amplio y plural formado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil que respaldan esta iniciativa.
Comments