¡Llegó a San Lázaro el presupuesto participativo!

El pasado 29 de agosto concluyó el proceso electoral federal 2021. Por fin se constituyó una histórica Cámara de Diputados con 250 mujeres y 250 hombres. Un Congreso que [idealmente] alojará una pluralidad de opiniones, ideologías y colores. Los debates que de ahí surjan, sin duda alguna, deberán ser del interés de todas y todos nosotros, los ciudadanos, en tanto somos los responsables de colocar en aquellas curules cada tres años a nuestras y nuestros representantes.


A propósito de conocer de mejor manera quiénes serán los paladines del debate plural en este nuevo Congreso, tuve a bien adentrarme un poco más en la base de datos construida por el INE durante las campañas electorales, a fin de conocer mejor a las y los candidatos. La base contiene, entre otras variables de interés para conocer el perfil de los posibles legisladores, tres temas o propuestas que éstos sostengan. Fue una grata sorpresa para mí encontrar, dentro de este mar de nombres y columnas, dos diputadas electas cuya principal propuesta es la promoción y consolidación de un ejercicio de participación política ciudadana poco conocido en este país, pero de gran interés en el mundo: el presupuesto participativo.


A título personal, por un lado, ambas propuestas generaron en mí tanto curiosidad como alta expectativa por ver plasmados ante el pleno del Congreso Federal los primeros atisbos de genuina democracia participativa. Por otro lado, fue una invitación a compartir de manera más amplia a qué nos referimos cuando hablamos de ésta y por qué es diferente a la democracia representativa (e.g. elegir a diputados, senadores o presidentes) o la democracia directa (e.g. consultas populares, referendums y plebicitos).


Por principio ha de entenderse que la democracia participativa requiere, como su propio nombre lo indica, la participación ciudadana no sólo en lo que a la votación se refiere, sino también a la discusión y construcción de propuestas para una comunidad. Dada la complejidad logística que este proceso refiere, los ejercicios de democracia participativa parten del supuesto necesario de realizarse en comunidades pequeñas. A diferencia de la democracia representativa y la democracia directa, y dada esta limitación geográfica, la democracia participativa carece de la maquinaria política y mediática que comúnmente acompaña a los partidos políticos en su tarea pública. En estos ejercicios, más bien, las ideas se construyen mediante la constante comunicación y la generación de espacios de diálogo y discusión entre los miembros de la comunidad.


El presupuesto participativo originalmente surge en Porto Alegre (Brasil) a finales de los años 80. Su característica principal era que enarbolaba dos principios: 1) la distribución de los recursos conforme a las necesidades de las comunidades; 2) el fortalecimiento institucional del Estado y sus finanzas públicas para su efectivo acompañamiento.


En México, este ejercicio fue ‘importado’ a principios de siglo, y fue puesto en marcha de manera más institucional en la Ciudad de México tras la reforma a la Ley de Participación Ciudadana de 2010, en donde se definieron por primera vez sus reglas de operación, procedimientos, facultades y funciones. Desde entonces, el ejercicio se ha desarrollado año con año en la capital (con excepción del presente, dada la contigencia sanitaria) con relativo éxito y consta, de manera general, de dos etapas abiertas a la participación ciudadana:


1) La propuesta de proyectos de mejora a nivel colonia, donde el número de proyectos ha aumentado de manera constante de 2012 (4,664 proyectos propuestos) a 2018 (14,093 proyectos propuestos);

2) La votación de los proyectos por colonia, misma que se ha mantenido por debajo del 10% de la lista nominal de electores cuando éstas no concurren con la elección de Comités Ciudadanos.


Los Comités Ciudadanos (antes jefaturas de manzana y hoy COPACO’s), de acuerdo con la ley, se hacen presente en el intermedio de ambos espacios de participación, fomentando la interlocución entre los vecinos. Sin embargo, estas figuras, constituidas en la Ciudad de México como órganos ciudadanos que permiten la comunicación vecinal desde finales de los años 90, han sido analizadas por la literatura dada su cuestionable autonomía partidista y su involucramiento en conductas clientelares dentro de la comunidad.


A razón de comprender de mejor manera el comportamiento político alrededor de esta institución, desarrollé la tesis “Capital social y participación política en el Presupuesto Participativo de la Ciudad de México”, partiendo de la hipótesis de que, ante la ausencia de medios masivos de comunicación y maquinarias políticas, la participación ciudadana debía explicarse por los lazos construidos dentro de la propia comunidad en forma de capital social (redes interpersonales y confianza). Es decir, la confianza intervecinal, así como la pertenencia a asociaciones vecinales o el involucramiento en actividades de convivencia vecinal (como el trabajo comunitario) debía explicar de mejor manera la comunicación tanto para la proposición como para la votación de proyectos de mejora dentro de las colonias.


Lo que los resultados dejan entrever es que la probabilidad de participar en la votación de los proyectos por colonia sin haber propuesto alguna idea de mejora aumenta sólo 7.6% (pasando de 8.9% a 16.5%) al haber realizado algún tipo de trabajo comunitario, y el aumento de la confianza vecinal otro tanto (pasando de 8.1% a 15.7%). En contra parte, las probabilidades de votar aumentan de 7.4% a 32% entre más aumenta la comunicación con los Comités Ciudadanos, y de 11% a 25.9% al colaborar en actividades partidistas.


Si bien es cierto que la participación ciudadana es baja en este tipo de ejercicios democráticos, y que variables que la explican se pueden relacionar con tintes clientelares, también es cierto que esto sucede en parte porque la administración pública estatal acompaña poco tanto en la formulación de proyectos como en la ejecución de los mismos. Asimismo, existen muy pocos incentivos de participar, pues sólo el 5% del presupuesto destinado a las alcaldías, dividido entre el número de colonias, es el destinado al ejercicio.


Considero que algunos de estos argumentos debieran ser retomados por los legisladores a fin de que se logren alcanzar los objetivos que una de las diputadas plantea: 1) promover la participación, empoderamiento e involucramiento ciudadano; 2) fortalecer la relación Estado-sociedad; 3) transparentar el uso de los recursos; 4) generar un continuo aprendizaje sobre los asuntos públicos de las comunidades.


Lo que es un hecho es que la democracia participativa ha llegado a México, o por lo menos a San Lázaro. Es momento de impulsar y fomentar el involucramiento ciudadano no sólo yendo a votar en consultas populares, sino desde la propuesta de proyectos, la rendición de cuentas y adentrándonos en la vida pública de nuestras comunidades. Empezando, por lo menos, en la de nuestras colonias. Debemos comenzar por defender estos espacios de apertura política a fin de que la participación de partidos políticos e instituciones coptadas, como pudiera ser el Comité Ciudadano, no sea necesariamente la que movilice a la ciudadanía. Así que estemos al pendiente de lo que suceda en la Cámara de Diputados y defendamos una verdadera participación ciudadana.


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Carlos Eduardo Pérez Márquez es licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México. Ha realizado estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle, así como de política y gestión en York University - Glendon College, en Toronto, Canadá. Se ha desempeñado como analista y consultor en proyectos de comunicación social, monitoreo y evaluación en el sector privado. Ha colaborado en el Senado de la República y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del CIDE; así como asistente en proyectos de investigación en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.


Carlos Pérez Márquez

Twitter: @caedpema

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