En marzo, primer mes de la pandemia del Covid-19, el 70% de los empleos formales perdidos en el IMSS fueron de jóvenes. El desempleo de las personas jóvenes ya era alto y desproporcionado respecto de su tamaño en la población ocupada, desde antes de la emergencia.
Con los despidos, los “descansos” obligatorios sin paga y la paralización de actividades por el confinamiento, el desempleo de jóvenes ha crecido aún más. En mayo de 2020, afecta al 40% de jóvenes con disponibilidad e interés de trabajar. Son casi 7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad (INEGI).
Cerrar las puertas a las personas jóvenes pone en riesgo el presente y el futuro, no sólo de estos jóvenes y sus familias, sino también a sus comunidades y al país.
Las personas jóvenes representan una de las riquezas más importantes de la nación. Quienes tienen entre 15 y 29 años de edad (15-29) son el grupo de población mayoritario.
Comparativamente con hace 50 años o incluso hace 20 años, las y los jóvenes de hoy son una generación con mejor salud y mayor expectativa de vida. Tienen mayor escolaridad y cero analfabetismo. La mayoría tienen más familiaridad con la tecnología y muestran mayor disposición de experimentar. Son un potencial que no puede ser descartado para lograr crecimiento económico y competitividad.
También por razones sociales y demográficas, resulta indispensable crear más y mejores oportunidades, pues la juventud es una etapa crucial, en la que se realizan cinco transiciones que determinan en mucho el resto de la vida:
Concluir el ciclo de formación escolar
Insertarse en la economía e iniciar la fase productiva
Emanciparse del hogar de origen y crear el propio
Iniciar la procreación y formar nuevas familias
Asumir responsabilidades legales y ejercer la ciudadanía
El acceso a un trabajo digno, con remuneración suficiente, con seguridad social y respeto a los derechos laborales, es clave para el éxito de casi todas estas transiciones.
Y, por el contrario, el desempleo, los trabajos precarios y con bajos salarios —junto con el bajo logro escolar y el abandono sin concluir el ciclo educativo— generan condiciones de alto riesgo que están muy relacionadas con embarazos precoces, abuso de alcohol y adicciones, propensión a la violencia, vinculación con actividades delictivas y otros riesgos más.
Cerrar las puertas a jóvenes, entonces, no sólo es un desperdicio de potencial económico, sino también el impulso a una espiral de mayor deterioro de la cohesión social, que tanta falta nos hace.
Urgen entonces políticas públicas y nuevas prácticas empresariales y de la sociedad en su conjunto para no cerrar las puertas a jóvenes.
La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, de la que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza forma parte, tiene propuestas para ello. Su llamado debe ser escuchado: ¡No le cierren la puerta a las y los jóvenes! (Ver comunicado).
Rogelio Gómez Hermosillo
Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa creada en 2015 con el respaldo de IMDOSOC, quien asumió el liderazgo para la convocatoria y pasos iniciales de un grupo amplio y plural formado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil que respaldan esta iniciativa.
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