Con la llegada de la pandemia y en el momento más álgido de las medidas de restricción a la movilidad, las calles vacías fueron recorridas, principalmente, por algunas unidades del transporte público, ambulancias y trabajadores repartidores. Estos últimos llevando enormes mochilas con logos de diversas compañías prácticamente recién llegadas a suelo mexicano. Las y los repartidores se convirtieron en trabajadores esenciales para la distribución a pequeña escala de alimentos y bienes. Podría incluso afirmarse que su labor sostuvo a muchos comercios de comida que, sin la percepción ordinaria de sus ingresos ni de un plan de apoyo económico emergente, no hubieran resistido.
No obstante, los beneficiarios reales fueron otros. Por un lado, su labor en primera línea permitió a ciertos sectores sociales, principalmente privilegiados, ordenar alimentos por medio de una aplicación instalada en sus teléfonos inteligentes. Por otro lado, dichas compañías de aplicación percibieron ganancias enormes. Y es que, como señala un estudio realizado por Fintonic, tan sólo comparando los pedidos realizados en la aplicación Rappi de mayo de 2019 con los de mayo del 2020, hubo un aumento en los pedidos del 62.8%.[1]
Además, el aumento de la desigualdad provocado por la pandemia desdibuja los “beneficios” de este sector. En México, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la pobreza laboral se ha incrementado. Tan sólo en los meses de mayo a junio del 2020 se perdieron 1,117,584 empleos formales. Sin hablar de las y los trabajadores independientes e informales que vieron sus ingresos mermados parcial o totalmente.[2] Aunado a lo anterior, la deserción escolar a causa de la pandemia, según la SEP, fue de 2 millones y medio de estudiantes en diversos niveles educativos.[3] Dicha crisis ha dejado a su paso un ejército de sujetos precarizados, principalmente jóvenes varones (de los 50,000 trabajadores repartidores estimados, 87% son hombres[4]), con oportunidades educativas y laborales reducidas o nulas. Este grupo será la principal mano de obra que, en búsqueda de un ingreso, está dispuesta a aceptar condiciones laborales paupérrimas.
En lo general, entrar a trabajar a una de estas aplicaciones es muy sencillo, pues sólo se requiere registrarse con un teléfono inteligente y contar con un vehículo, bicicleta o motocicleta (incluso automóvil, aunque estos son muy pocos). Así, el repartidor registrado empezará a recibir pedidos de manera aleatoria según su posición en el mapa y comenzará a trabajar recibiendo una comisión por cada envío. Sin embargo, la sencillez de este proceso exime a las empresas de cualquier inversión o esfuerzo, pues, explotando su papel mediador entre establecimiento y cliente, evita toda responsabilidad laboral con el repartidor.
La inversión de las plataformas es prácticamente nula, pues no proporciona vehículo ni accesorios de seguridad a los repartidores. El contrato se restringe a un documento con términos y condiciones que cambian constantemente y, en el mejor de los casos, una póliza de seguro del cual las y los trabajadores no obtienen copia. Si un repartidor infringe alguna norma puede ser desconectado unilateralmente por la plataforma. Así, las y los trabajadores se enfrentan a un trabajo con graves vacíos legales, pues si sus relaciones fueran reconocidas legalmente según un esquema tradicional, los trabajadores podrían relacionarse con la aplicación como su patrón. Sin embargo, algunos repartidores argumentan la necesidad de legislar una nueva categoría laboral para este mercado digital emergente, pues tiene características que no se observan en trabajos tradicionales.[5]
Los trabajadores no cuentan con un salario base y dependen absolutamente de las comisiones que, en algunas plataformas, es llamada recompensa. Con este cambio de nombre se encubre la relación laboral que se establece. El hecho de que dependan de comisiones provoca que sus jornadas sean largas. Por ello, la supuesta flexibilidad de horario, que se presume como una ventaja de este tipo de trabajo, es sólo un mito. Al final, para obtener ingresos suficientes, deben realizar jornadas de hasta doce horas. Incluso sus ingresos promedio apenas llegan a ser del 90% del salario mínimo legal en México.[6] Es decir, el trabajo de repartidor es producto de un mercado laboral profundamente precarizado y no de una apertura de oportunidades laborales como podrían presumir las empresas de aplicación.
Es muy importante enfatizar el enorme riesgo que representa este trabajo, pues implica estar expuesto a cambios de ambiente, a accidentes, a la mala organización vial y al mal uso de ésta por automovilistas y transportistas. El colectivo #Niunrepartidormenos reporta hasta 43 fallecimientos desde finales del 2018 hasta principios del 2020, 25 tan sólo al inicio de la pandemia.[7] De este modo, así como aumentaron los pedidos y el número de repartidores, también aumentaron los accidentes y los lamentables decesos. La protección de los repartidores por parte de las empresas es muy oscura y las pólizas que reciben tienen condiciones muy tramposas que evitan a la compañía hacerse responsable de sus trabajadores. Un ejemplo es la subcontratación de seguros que apenas ofrecen descuentos en servicios médicos a los repartidores accidentados.
Y es que su condición de trabajadores independientes no los hace acreedores de seguridad social y mucho menos de cotizar horas de trabajo para su retiro. La contratación poco clara de este nuevo modelo de negocios asume a sus trabajadores como socios, siendo evidentemente una negación a sus derechos como empleados. Lo malo es que dicha narrativa de asociado y no de empleado, impulsada por diversas empresas desde finales del siglo pasado, ha permeado en cómo se conciben a sí mismos los trabajadores. El discurso hegemónico ha intensificado la extracción de capital humano y la expansión de estas compañías digitales. Convenientemente, esta narrativa inscrita en el discurso de la meritocracia[8] aísla a los trabajadores repartidores bajo el argumento de que sus bajos ingresos son causados por su falta de esfuerzo, lo cual resulta ser mentira cuando este discurso es contrastado con las condiciones laborales anteriormente señaladas.
La necesidad de legislar estos nuevos modelos de negocio es cada vez más apremiante. Aunque ha habido intentos por legislar este trabajo como un modelo más de subcontratación o como parte del emergente y obligado teletrabajo,[9] no ha habido iniciativas íntegras que lo comprendan con todas sus diferencias al trabajo tradicional y que, a la vez, respete plenamente sus derechos laborales garantizados en la Constitución. Por ello, la organización y movilización de este gremio laboral será fundamental para que se legisle atendiendo todas sus demandas y derechos.
En la actualidad es posible ubicar tres principales organizaciones: SIRApps (Sindicato Independiente de Repartidores de Aplicación), UNTA (Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación) y el Colectivo #Niunrepartidormenos. Las dos primeras organizaciones proponen la vía sindical para conseguir sus derechos, mientras que #Niunrepartidormenos apuesta por una organización de redes más que la vía tradicional.
Sin embargo, el discurso meritocrático ha hecho merma en la convocatoria de estas organizaciones, principalmente de las primeras dos, pues la organización sindical, además de ser percibida por los trabajadores como anticuada y corrupta (revisando la historia mexicana, tienen argumentos), no encuentra eco en trabajadores porque se conciben como sus propios jefes, a pesar de lo ilusorio de esta afirmación. Aun así, UNTA está buscando ser reconocida oficialmente como sindicato. Cabe destacar que UNTA, argumenta su líder, surge de una división de SIRApps ante el mal liderazgo con la cual se conduce ésta última.
Por su parte, el Colectivo #Niunrepartidormenos ha logrado mayor visibilidad por medio de un amplio trabajo en redes sociales, así como resaltando la solidaridad de su gremio que, formando grupos de Whatsapp u otras redes, ofrecen ayuda mutua ante accidentes o desperfectos en sus vehículos, los cuales rara vez son solventados por las aplicaciones. Esto es una ventaja del reparto aleatorio del trabajo por medio del algoritmo, pues no compiten directamente por los pedidos y les permite conformar estas redes de solidaridad. Sin embargo, estas redes de ayuda mutua no han dado el paso a la organización política que puje por demandas laborales puntuales y más bien se han mantenido en la denuncia contra la violencia vial y el reconocimiento del riesgo implicado en su trabajo.
La organización amplia y horizontal de este sector laboral será fundamental para impulsar una ley que contemple plenamente sus derechos. Es necesario que el interés ya mostrado por poderes políticos en legislar sea aprovechado y la presión social de los trabajadores sea una llave que evite el cierre de esta ventana de oportunidad. Además, una organización amplia amparada bajo la ley permitiría marginar a aquellos líderes repartidores que, en vez buscar el beneficio de su gremio, parecen buscar cotas personales de poder. Será necesario que la solidaridad del gremio y de sus aliados (como actores políticos, académicos y de la sociedad civil organizada) se traduzca en demandas políticas que impongan condiciones a una posible regulación laboral y que ésta no deje de lado las necesidades de las y los trabajadores repartidores. La regulación de este nuevo sector laboral no sólo es pertinente y necesaria, sino que debe ser punta de lanza ante el crecimiento de este nuevo modelo de negocios digitales, pues, lejos de ser coyunturales, seguirán expandiéndose, transformando aún más el mercado laboral.
Mauricio Jiménez Hernández
Egresado de la Maestría en Ciencia Política del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Actualmente colabora con el Dr. Ilán Bizberg en diversos proyectos de investigación, entre ellos un estudio comparado de los sistemas de salud en AL y un análisis de la cuestión laboral de los trabajadores de aplicación en México. Además, participará como docente en módulo 4, Perspectiva Política, del curso “¿Qué es la Justicia Social?”.
____________________________ [1] Alejandro Reveles, “Estudios Fintonic: cae 74% consumo en restaurantes por coronavirus; en apps sube hasta 80%”, Blog fintonic, junio, 2020, https://blog.fintonic.mx/estudios-fintonic-consumo-apps-comida-durante-covid-19/ (última consulta: 1 de febrero del 2020) [2] Noemi Feix (coord.), “México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos”, Nota técnica país. Panorama laboral en tiempos de la Covid-19, Organización Internacional del Trabajo, octubre, 2020, p.15 [3] Carlos Salinas Maldonado, “La crisis del coronavirus obliga a desertar a 2,5 de estudiantes mexicanos”, El País, 9 de agosto del 2020, https://elpais.com/mexico/2020-08-09/la-crisis-del-coronavirus-obliga-a-desertar-a-25-millones-estudiantes-mexicanos.html (última consulta: 3 de febrero del 2020) [4] Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, “Precariedad y riesgo: diagnóstico sobre las condiciones laborales de los repartidores de apps en México”, en Kruskaya Hidalgo Cordero y Carolina Salazar Daza (Eds.), Precarización laboral en plataformas digitales. Una lectura desde América Latina, Ecuador, Friedrich-Ebert Stiftung Ecuador, diciembre, 2020, p.138 [5] La mayoría de la información aquí presentada, exceptuando la referenciada, proviene de entrevistas realizadas entre noviembre y diciembre del 2020 a líderes de movimientos de trabajadores repartidores y expertos sobre el tema. [6] Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, op. cit., p.140 [7] Leonor Gómez Barreiro, “En tu pedido va la vida de un repartidor”, Vanguardia, 4 de diciembre del 2020, https://vanguardia.com.mx/articulo/en-tu-pedido-va-la-vida-de-un-repartidor#:~:text=Para%20finales%20de%202018%20y,Nosotrxs%20y%20el%20colectivo%20%23NiUnRepartidorMenos (última consulta: 4 de febrero del 2020) [8] Recomiendo este artículo para comprender el argumento meritocrático y la crítica al mismo: Alice Krozer, “La mentira de la meritocracia: para ser rico hay que nacer rico”, Nexos, 27 de agosto del 2019 https://economia.nexos.com.mx/?p=2496 (última consulta: 4 de febrero del 2020) [9] Iniciativas como la del diputado Lenin Pérez y otra de la diputada María Alemán del 18 febrero del 2020 y el 15 septiembre del 2020, respectivamente.
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