La pobreza en México tiene dos caras: la más conocida es rural e indígena, se concentra en el sureste del país (Chiapas, Oaxaca, Guerrero); la otra cara es más difusa, es sobre todo urbana y está presente en todo el país. Se le puede ver concentrada en grandes aglomeraciones periféricas como las del oriente del Valle de México: Iztapalapa, Ecatepec, Neza, Chimalhuacán.
La primera es una pobreza crónica, endémica y secular. La segunda es una pobreza fluctuante,creciente y casi omnipresente, es la pobreza laboral; es un escándalo, porque se produce desde el mundo del trabajo.
La pobreza laboral es en sí misma una contradicción. Es la paradoja de millones de personas para quienes el trabajo no es la puerta de salida de la pobreza (ver datos y análisis sobre la pobreza laboral en Observatorio de Trabajo Digno de Frente a la Pobreza).
Y por desgracia, ésta es la pobreza que se va a incrementar a raíz del Covid-19, por la pérdida de empleos, la reducción de ingreso laboral y la falta de apoyo gubernamental.
El Coneval, instancia oficial para medición de la pobreza por mandato de la Constitución, estima que puede haber 10 millones más de personas en pobreza de 2018 a 2020, por la pérdida de ingreso laboral.
Los datos disponibles del IMSS presentan un panorama sombrío. Entre marzo que inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia y fin de mayo, se perdieron 1 millón 110 mil empleos formales registrados en el IMSS.
Es grave porque, además, más de la mitad de esos empleos formales perdidos fueron de jóvenes menores de 30 años, lo cual es desproporcionado, pues las personas jóvenes sólo representan 1/3 de los registros del IMSS. Y esa es sólo la punta del iceberg: más del 60% de la población económicamente activa no está en el IMSS.
La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del INEGI confirma la gravedad del problema: entre marzo y abril se triplica el número de personas desempleadas. Son más de 13 millones de personas. Dicha encuesta muestra también la caída del ingreso laboral de quienes siguen trabajando. Las personas con ingreso laboral inferior a $3,700 al mes pasan del 22% al 41% entre marzo y abril; mientras que las personas con ingreso mayor a $11,100 al mes pasan de ser el 10.3% al 4.8% (ver análisis). Es decir, se dispara el desempleo y se derrumban los ingresos, incluso entre quienes no han perdido su trabajo.
El problema es que resulta poco probable que la recuperación sea pronta. El gobierno se ha negado a tomar medidas especiales de emergencia para evitar la caída económica y el incremento de la pobreza. La inversión para activar la economía o proteger el ingreso y empleo de la clase trabajadora es mínima. Y más si lo vemos en comparación con otros países, como lo muestra el reporte del Banco de México y lo alertan múltiples analistas y organismos especializados.
Los programas gubernamentales existentes no son suficientes. No cubren a las personas que están perdiendo trabajos e ingresos y tampoco tienen un monto que permita comprar lo más básico.
La encuesta sobre el bienestar de los hogares durante la pandemia del Covid-19 (Encovid-19) realizada por la Universidad Iberoamericana —con apoyo de otras organizaciones, como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza— muestra que el 75% de los hogares no recibe apoyos de programas.
Esto no es una crítica a los programas en sí mismos. Las pensiones para adultos mayores o para personas con discapacidad, o las becas para niñas, niños y jóvenes para que sigan estudiando, son medidas positivas —si se aplican bien—.El problema es que no pueden ser la respuesta ante una crisis como la que estamos viviendo (ver análisis).
Por eso, desde la sociedad civil insistimos en que es urgente crear un ingreso vital. El ingreso vital es una transferencia de ingreso, temporal, para todas las personas que pierden su fuente de trabajo, formal o informal. Es una propuesta que surge de un grupo amplio y plural de organizaciones civiles que fue retomada, primero, por un grupo de diputadas de diferentes partidos políticos (nota importante: no confundir ingreso vital de emergencia con ingreso universal ciudadano).
Si la pobreza crece mucho, la responsabilidad será de las autoridades que no tomaron las decisiones para evitarlo.
Rogelio Gómez Hermosillo
Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa creada en 2015 con el respaldo de IMDOSOC, quien asumió el liderazgo para la convocatoria y pasos iniciales de un grupo amplio y plural formado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil que respaldan esta iniciativa.