• David Vilchis

Políticas públicas para incidir en la realidad social


La provisión de bienes y servicios públicos se ha convertido en una de las tareas esenciales de los gobiernos democráticos. Incluso, junto a las elecciones, se convirtió en una de las principales fuentes de la legitimidad democrática. (Rosanvallón, 2009) Cabe mencionar que esta provisión no se restringe al suministro y abastecimiento de lo que coloquialmente conocemos como “bienes y servicios públicos”, como la luz, el agua o el transporte; sino que debe entenderse en términos de capacidades estatales para la resolución de problemas públicos. Así, sexenio a sexenio, periodo a periodo, la forma y los medios con que un gobierno enfrenta dichos problemas se convierten en objeto de pesquisa pública y defensores y detractores se enfrentan ferozmente en todo medio posible. Este conjunto de acciones estatales dirigido a la resolución de problemas públicos es lo que conocemos como políticas públicas.


El papel y alcance del Estado ha sido objeto de debate desde su fundación. Por ejemplo, en los albores del siglo XIX, desde una perspectiva liberal, Wilhem Von Humboldt abogaba a favor de que el Estado se restringiera a velar por la seguridad de sus ciudadanos y abandonara toda pretensión de proveer bienes y servicios públicos, pues consideraba que esta era una tarea que les competía únicamente a los individuos. Por su parte, el historiador anglicano John Neville Figgis recordaba que, cuando el Estado-Nación apareció, ya había todo un mosaico de organizaciones e instituciones que resolvían problemas públicos. De hecho, gran parte de las historias nacionales se forjaron en la lucha entre el recién nacido Estado-Nación y estas formas de organización sociopolítica ya consolidadas. No obstante, el advenimiento del Estado de Bienestar significó la asunción por parte del Estado de la responsabilidad de resolver problemas públicos.


Ahora, ¿el Estado lo hace solo? No. Tendemos a concebir al Estado como este leviatán que se yergue sobre la sociedad, ejerciendo sobre ella un poder vertical y unilateral a través de su monopolio sobre la violencia legítima. Por ejemplo, en el imaginario mexicano permanece la idea de que en el siglo XX imperó un Estado autoritario fuerte con una “presidencia imperial.” No obstante, en realidad, éste se desarrolló como parte de un entramado, a veces imperceptible, de relaciones de poder con otros actores sociales. Incluso, se ha llegado a sugerir que ante la ausencia de capacidad estatal en la provisión de bienes y servicios públicos, surgen organizaciones que suplen estas carencias, pero que no necesariamente lo hacen por medio de lógicas o mecanismos distintos o contrarios al Estado, sino recurriendo a éste (Perea, 2019).


Mann expresa esta compleja dimensión del poder del Estado en una dicotomía: poder despótico y poder estructural. El primero se refiere a la capacidad de un Estado de lograr sus objetivos sin consultar a los grupos de la sociedad. El segundo alude a la capacidad de penetrar e implementar sus políticas en todo su territorio. No obstante, el poder infraestructural es una calle de dos sentidos, pues también permite a la sociedad influir sobre el Estado (Mann, 1993: 53) En este sentido, Evans (1996) propuso el concepto de autonomía enraizada, la cual considera la inserción del Estado en una serie de lazos sociales que lo vinculan y le proveen vías de negociación con los grupos de la sociedad. Así, la capacidad estatal depende del tipo de interacción política y conectividad social, pues la intervención estatal se puede ver facilitada por la cooperación de actores relevantes de la sociedad. La colaboración con los actores no estatales resulta beneficiosa tanto en términos de calidad y amplitud de los servicios públicos como en términos de legitimidad.


Entonces, las políticas públicas no son una acción exclusivamente estatal, sino que implican un proceso gubernamental que permite la participación de los grupos que tienen que ver directamente con ellas. Implican un gobierno más a tono con una sociedad civil diversificada. Es decir, permiten conciliar la resolución de problemas particulares con la creciente fragmentación y particularización de las sociedades contemporáneas.


Ahora, ¿cómo podemos formar parte del proceso de políticas públicas? En primer lugar conociendo el proceso. Si bien hay tantas etapas como autores que las han estudiado, el análisis revela que hay, cuando menos, cinco: problematización, diagnóstico, formulación, implementación y evaluación. (Méndez, 2020: 64) En la práctica, estas etapas suelen traslaparse e influirse mutuamente y, particularmente en Latinoamérica, obstaculizarse por el voluntarismo del gobernante, los vicios políticos como el clientelismo, la alta politización y el bajo grado de profesionalismo de la burocracia. Pero la participación ciudadana en este proceso (y la presión por transparentarlo y democratizarlo) es un camino para alcanzar mejores condiciones que permitan ofrecer resultados más acordes con las necesidades sociales.


Esta forma de entender la participación ciudadana está en sintonía con el Pensamiento Social del Papa Francisco expresado en Fratelli Tutti. En el número 169, el Romano Pontífice anima a “pensar en la participación social, política y económica de tal manera «que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común.»


En este sentido, desde el Pensamiento Social Cristiano podremos aportar en la construcción de una realidad más justa, como “poetas sociales”, siendo “sembradores de cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas encadenadas creativamente.” Al tiempo que respondemos al llamado del papa a superar “esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos”.


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David Eduardo Vilchis Carrillo

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Referencias

Evans, P., (1996) “El Estado como problema y solución.” Desarrollo económico, 140, pp. 529-562.

Humboldt, W., (2009) Los límites de la acción del Estado. 2ª Ed., Madrid, Tecnos.

Mann, M., (1993) The sources of social power, Vol. III. Cambridge, Cambridge University Press.

Méndez, J.L., (2020) Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica: El Colegio de México.

Perea, E., (2019) El Estado en la sociedad: análisis interpretativo de tres casos en México. Tesis para obtener el grado de Maestría, Ciudad de México, Centro de Estudios Internacionales: El Colegio de México.

Rosanvallón, P., (2009) La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad, proximidad. Buenos Aires, Manantial.


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