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¿Por qué el gobierno atiende unos problemas e ignora otros?

Actualizado: 8 ago 2022

Por David Vilchis


La respuesta corta a esta pregunta es por la voluntad de los que ejercen el poder. Sin embargo, no es tan sencillo. Si bien cada gobierno trae su propia agenda, históricamente hemos presenciado cómo también han atendido temas que no les eran prioritarios o que, incluso, les eran contrarios a sus intereses. A esto se le conoce como problematización y algunos autores la consideran la fase inicial del proceso de políticas públicas.


En la problematización, una situación o circunstancia que afecta a una comunidad humana se considera un problema público, el cual puede ser reconocido por el Estado y considerarlo para tratar de resolverlo. (Méndez, 2020) Éstas son sociales y suelen ser de interés, beneficio o necesidad pública o se califican como situaciones injustificables de inequidad, desigualdad, represión, inseguridad, discriminación o pobreza. (Aguilar, 2010) En palabras de la Doctrina Social de la Iglesia, un problema será público cuando atente contra el bien común, es decir, contra “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (Gaudium et spes, 26; CDSI, 164; CIC, 1906), y es el Estado el principal responsable de su defensa y promoción. (CIC, 1910)



No obstante, no siempre hay claridad de cuándo un problema debe considerarse público. Y, lamentablemente, en ocasiones falta voluntad de quienes nos gobiernan para atender este tipo de situaciones. Lo cual resulta más problemático cuando se considera que los sistemas políticos tienen una capacidad limitada para el número de problemas que pueden atender. Y justo aquí es donde encontramos la importancia del involucramiento de la ciudadanía desde la génesis misma de las políticas públicas, pues es la ciudadanía organizada e informada quien señala a los actores gubernamentales qué problemas pueden considerarse como públicos y que no están lo suficientemente atendidos o que, incluso, son completamente invisibilizados. En este sentido, colaborar en la definición de problemas públicos es una cuestión de justicia social al denunciar las causas estructurales que impiden la realización del bien común y que promueven la cultura del descarte. Así también cumplimos nuestra vocación profética denunciando las estructuras injustas que impiden la realización del reino de Dios.


Ahora bien, colocar un problema en la agenda pública no es cuestión sencilla. Como ya se ha dicho, requiere de una ciudadanía informada y organizada. Informada tanto para promover comprensiones adecuadas de la realidad social fundadas en análisis minuciosos de la misma, como para estimar alternativas eficientes y factibles. Y organizada para aumentar el alcance del problema público, es decir, que cada vez sea entendido como tal por más y más personas y presionar así al Estado a adoptar medidas para su intervención. Como se puede percibir, en este proceso el manejo y análisis de redes socio digitales es una herramienta esencial. Y sin duda uno de los mayores retos es “saber escuchar el punto de vista del otro [ayudando] a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar,” (Fratelli tutti, 190) pero esto último ha de instarnos a seguir adelante antes que a desanimarnos.


Llegando a este punto, cabe mencionar que la participación ciudadana no se limita a señalar problemas, sino que también se extiende a la colaboración en su solución. De esta manera, se han de buscar alianzas entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil donde se concreten acuerdos y proyectos de interés mutuo, con una planeación conjunta y coinvirtiendo recursos. (Tapia, 2010) No podemos olvidar que, para la Doctrina Social de la Iglesia, la participación “es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común” (CDSI, 189) y que, particularmente a nosotros como cristianos, no nos está permitido abdicar de la participación en la política. (Christifideles laici, 42).

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Referencias

Aguilar, L. F., (2010) Política pública, México D.F., Siglo XXI.

Tapia, M., (2010) “Organizaciones de la sociedad civil y políticas públicas”, en J.L. Méndez (coord.), Los grandes problemas de México. XIII. Políticas Públicas, México D.F., El Colegio de México.

Méndez, J. L., (2020) Políticas públicas. Enfoque Estratégico para América Latina. Ciudad de México, FCE.






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