En la entrada anterior hice una breve presentación del Ingreso Básico Universal (Universal Basic Income, UBI) y un argumento para su justificación moral. En resumen, el UBI es una transferencia gubernamental, periódica y universal otorgada a todas las personas residentes de un país de forma incondicional. Es decir, nadie puede ser excluido bajo ninguna circunstancia, se otorga sin distinción si la persona es rica o pobre, desea o no trabajar, vive sola o en compañía… Esta propuesta radical suele causar escepticismo por las dificultades que puede implicar su puesta en marcha, aunque sus defensores aducen que los beneficios resultantes bien pueden valer la pena. En este tenor, es pertinente realizarnos dos preguntas para evaluar qué tan deseable resulta para México: ¿es costeable el UBI?, ¿logra su cometido? A pesar de la escasez de información para México, en 2016 el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) realizó algunos estimados para el total de la población mexicana (poco más de 122 millones), mismos que retomo a continuación.
¿Es costeable? De los estimados del CIEP podemos rescatar el valor más bajo y más alto de UBI. El primero podría fijarse en la línea de bienestar mínima rural de CONEVAL ($935.66) determinada como el ingreso apenas necesario para asegurar la canasta básica alimentaria por un mes para el medio rural. Éste tendría el costo total de 1,372,877.4 millones de pesos, equivalentes al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). A este nivel es completamente costeable, pues es equivalente al 92.3% del gasto dedicado a subsidios y transferencias.
El segundo estimado, el UBI alto, es fijado en la línea de bienestar urbana con valor de $2,667.94, que resulta en un total de 3,914,620.7 millones de pesos. Según la estimación del CIEP, equivale al 93.7% del gasto federal y 21.3% del PIB. Este cálculo resulta bastante más problemático de costear, pues comprendería al gasto corriente del gobierno, participaciones a los Estados y el gasto de capital diferente de obra pública. En consecuencia, para financiar un esquema de esta magnitud se necesitaría aumentar la carga fiscal de forma progresiva, es decir, que quienes ganan más paguen porcentajes más altos de impuestos. Más información sobre las líneas de bienestar aquí.
¿Logra su cometido? Esta consideración es más difícil, pues pocos esquemas como éste han sido implementados en el mundo. Podemos darnos una idea de la efectividad con los resultados brindados por el estudio del CIEP y con resultados obtenidos en otros países. Los estimados para México ofrecen una respuesta obvia, después de la obtención de un UBI equivalente a la línea de bienestar mínima rural: las personas en pobreza extrema salen de esta condición, superando en su ingreso los $935.66 necesarios. Sin embargo, aun con este ingreso, los primeros 3 deciles (30% de la población más pobre) no superan la línea de bienestar mínima urbana de $2,667.94, dejando lejos el UBI de su cometido último de proporcionar una vida digna. Incluso aquellos con un UBI alto, este propósito es alcanzado en mayor medida, al menos en lo que respecta a ingresos.
En cuanto al efecto sobre la desigualdad, el cálculo del CIEP ofrece unas estimaciones en función del coeficiente de Gini (donde 1 es el valor máximo de una sociedad en donde una persona concentra todo el ingreso y 0 es el valor mínimo donde todas las personas tienen los mismos ingresos). Con un UBI bajo, el Gini pasa de 0.49 a 0.40, haciendo al país similar a Irán en cuanto distribución de ingresos. Con un UBI alto, el Gini cae hasta 0.29, poniendo a México en el nivel de los países nórdicos, aunque más similar a Albania.
Con respecto a si alcanza a proporcionar otros beneficios, hay una gran discusión alrededor de la cuestión. Algunos analistas han sugerido que los beneficios del UBI se verían matizados por la inflación. Al aumentar la demanda de consumo podría aumentar el nivel de precios, lo que elevaría el costo de vida. Otros críticos han argumentado que el UBI podría funcionar como un desincentivo al trabajo, pues algunas personas al recibir un ingreso sin condición podrían decidir dejar de trabajar en algún grado. Una tercer crítica aduce que enfocar todos los esfuerzos de política social, abandonando otras instituciones de los Estados de bienestar, podría constituir un error. Por poner un ejemplo, una persona con suficiente ingreso, pero sin acceso a salud pública, puede terminar gastando más que los beneficios que recibe por parte del UBI a la primera eventualidad en servicios de salud privados. Este tipo de escenarios revela que sacrificar todos los servicios sociales en favor del UBI puede generar una consecuencia perversa.
La mejor manera de entender los beneficios de un UBI —aunque con reservas— es estudiar lo que ha pasado en otras latitudes (un buen compendio de experiencias). Probablemente, el mejor ejemplo es lo ocurrido en Irán, con el Plan de Reforma de Subsidios Iraní. Cuando en 2011 el gobierno del país persa decidió eliminar los subsidios a las gasolinas compensaron a la población con un programa de transferencias a la gente más pobre que, sin embargo, finalmente resultó en un esquema cuasi-universal equivalente a US$45 mensuales por persona: cerca de un octavo del salario mínimo.
Los estudios para Irán muestran las ambivalencias del esquema. Debido a que lo ahorrado a través de los subsidios fue inferior a lo erogado en el UBI (que fue completado en 25% con la impresión de papel moneda) ocasionó un alto incremento en el nivel de precios haciendo a su vez que el monto asignado para el UBI se devaluara. En términos positivos, no hay evidencia de que el UBI haya tenido un incentivo negativo sobre los trabajadores, quienes siguieron trabajando el mismo número de horas, salvo en el rango de edad de 20 a 29 años. Esto podría ser totalmente positivo, pues potencialmente significa que las y los jóvenes aumentaron su escolaridad gracias al apoyo del UBI. También podría tener un efecto similar sobre los emprendimientos: personas con menos ingresos se ven menos sujetas a trabajar y pueden dedicarse a poner negocios e innovar.
Para terminar, las características del UBI tienen también sus ventajas políticas. Si bien en democracia todos los ciudadanos son iguales por ley, las inequidades económicas los vuelven desiguales en los hechos. Al asignar un estipendio periódico a todas las personas, la ciudadanía adquiere una dimensión económica. A pesar de que el UBI no hace a todos los ciudadanos económicamente iguales, sí crea un piso mínimo debajo del cual nadie se encuentra. Además, elimina ciertas distorsiones políticas —como el clientelismo— que han hecho presa de otros esquemas. Como el UBI es universal e incondicional, no es posible usarlo como moneda de cambio para asegurar la lealtad partidista.
Sea como sea, en la discusión sobre el UBI apenas nos encontramos en los primeros pasos. Es sin duda una propuesta radical que, con sus pros y contras, merece ser discutida en aras de una sociedad más justa.
Alejandro Aguilar
Investigación IMDOSOC