Por Carlos Pérez Márquez
El periodo legislativo concluyó y dio mucho de qué hablar previo a su cierre. En medio de iniciativas aprobadas en fast-track, toma de tribunas, cambios de sede, discusión y albazos, fueron aprobadas reformas en materia de minería, administración pública, salud, ciencia y tecnología, entre otras. Aprovecharé este espacio para compartir algunas claves de análisis en torno a las modificaciones que acompañan a la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación aprobada por ambas cámaras.
La iniciativa, presentada por el Presidente López Obrador el 13 de diciembre de 2022, causó polémica desde su envío a la Cámara de Diputados tanto por venir cargada de críticas a la forma de administrar los recursos y “mercantilizar” la ciencia en sexenios anteriores, como por las continuas diferencias entre la actual administración y el sector académico, las cuales han escalado tanto en la narrativa como en los hechos.
Vale la pena recordar que en 2020 la comunidad científica fue crítica de los recortes a estímulos económicos a investigadores; en 2021 se hizo pública una denuncia en contra de 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos; de acuerdo con la SHCP, el Conacyt pasó de representar el 46.3% del gasto en ciencia y tecnología en 2015 al 29% en 2023; y, finalmente, la polémica ante la reforma a los estatutos del CIDE, con los cuales el Consejo Directivo del Centro perdió voz y voto ante la designación de su dirigencia.
A pesar de que las facciones políticas habían acordado realizar un profundo análisis y discusión de la iniciativa por los impactos en materia de ciencia y tecnología que esta pudiera tener, el dictamen sólo fue discutido en San Lázaro bajo la intervención de 37 diputados y la aprobación de 2 reservas, en tanto que en el Senado fue aprobada en menos de 20 minutos en una sesión en la que estuvieron presentes sólo los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados.
A continuación, destacaré los que, a mi parecer, son los principales impactos de la nueva ley. Por principio, desaparece el Conacyt, que será sustituido por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Al interior de este nuevo organismo se centraliza la gobernanza al modificar la integración de órganos de gobierno. La Dirección General del organismo estará más fortalecida y la Junta de Gobierno incorporará a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en tanto que no garantizará la participación de comunidades científicas, del sector social y de la iniciativa privada al no estipular su método de selección como invitadas. El Órgano Interno Consultivo, cuyos integrantes no queda claro cómo serán incluidos, no será reconocido como un órgano del Consejo Nacional y carecerá de autonomía y personalidad propia.
Por su impacto en la descentralización, innovación, expansión y democratización científica, otro punto relevante a mencionar es el reforzamiento de la Agenda Nacional que tendrá un impacto en los proyectos de investigación que podrán tener acceso a asignación de estímulos, becas y presupuesto. A personas miembros del SIN adscritas a instituciones de educación superior del sector privado, la ley considera que se les podría excluir del financiamiento público de proyectos de investigación salvo justificación con las líneas temáticas prioritarias.
Finalmente, los Centros Públicos de Investigación tendrán consecuencias en su autonomía, libertad académica y organización de gobierno interno. Perderán su autonomía administrativa, presupuestal y operativa; el Conahcyt determinará los mecanismos de acceso y promoción, programas de desarrollo profesional y actualización permanente; se limitará la representación de comunidades científicas y académicas en los Consejos Consultivos Internos y en las Comisiones Dictaminadoras al facultar a la Dirección General del Conahcyt a intervenir en su nombramiento; todo el personal de investigación adscrito a los Centros Públicos de Investigación serán considerados como “servidores públicos”, por lo que estarán sujetos a su reglamentación.
En un contexto en el que coexisten en la agenda pública la descalificación entre diferentes sectores de la población bajo argumentos científicos o políticos, modificar el aparato administrativo de ciencia y tecnología más importante del país representa un nuevo riesgo para la sociedad en su conjunto. La nueva ley enciende las alertas de libertad científicay autonomía para el desarrollo de proyectos de investigación innovadores que hagan frente a los retos del futuro.
Considero que esta es una nueva oportunidad para reflexionar sobre la cerrazón de espacios democráticos, de diálogo y de representación plural de puntos de vista, escuelas de pensamiento y contextos sociales, así como de los constantes riesgos que representa el uso de argumentos de austeridad en detrimento de instituciones con un alto nivel de impacto social.
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Carlos Pérez Márquez es licenciado en Política y Administración Pública y cuenta con estudios en Negociaciones Comerciales Internacionales por El Colegio de México. Analista político en el área de asuntos públicos de una firma nacional.
Twitter: @caedpema