Por Alejandro Aguilar
El pasado 24 de marzo se conmemoró el 43º aniversario del martirio de Monseñor Romero. Y en estos días se cumple un año del estado de excepción que ha terminado con la militarización del país y con denuncias de graves atropellos a los derechos humanos, los cuales fueron defendidos férreamente por el mártir salvadoreño.
En meses recientes, El Salvador fue noticia por el dudoso honor de la inauguración de la cárcel más grande del mundo. El llamado "Centro de Confinamiento del Terrorismo" tendrá capacidad para 40,000 reclusos y ocupa una superficie de 116 hectáreas en las que se asientan 23 edificios. Las condiciones han sido denunciadas a lo largo y ancho del globo por asociaciones que velan por los derechos humanos. Lejos de haber celdas individuales, cada 100 reclusos tendrán que apiñarse en una celda grupal de 100 metros cuadrados, con solo dos inodoros y lavabos cada una. Las matemáticas son fáciles. Imagínate, querido lector, tener que vivir en 1 metro cuadrado y compartir inodoro con 50 personas.
Dichas medidas culminan un proceso de excepción que Bukele impuso el 27 de marzo de 2022, que se ha prorrogado continuamente y ahora se concibe de forma indefinida. Las medidas se pueden resumir en dos grandes grupos: 1) la suspensión de garantías individuales, sobre todo de personas presumiblemente involucradas en las maras y 2) modificaciones a procesos administrativos para hacer presumiblemente- más expedita la impartición de justicia.
Castigar a los empobrecidos
El conjunto de medidas que constituyen el estado de excepción es más problemático de lo que sus defensores quisieran aceptar y pagan por ellas quienes menos tienen. Numerosas organizaciones de la sociedad civil salvadoreña y organizaciones internacionales han advertido que causan “la tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”. Los diversos reportes han documentado arrestos masivos, encarcelamiento de niñas y niños de 12 años, leyes imprecisas que pueden usarse a discreción, procesos penales oscuros, sesgos policiales contra toda persona que pueda parecer “mara”, torturas y humillaciones. El nulo control sobre el ejercicio de la fuerza ha dado lugar a todo tipo de distorsiones, como el uso de las denuncias ciudadanas para hacer encarcelar a vecinos o cualquier miembro de la comunidad con quien haya conflicto bajo la acusación anónima de tener alguna relación con las maras.
Por poner sólo un dato de la magnitud de la transformación, bajo el estado de excepción, en los primeros 9 meses habían sido capturados y procesados bajo los nuevos parámetros -tan criticados- cerca de 62 mil personas (el 1% de la población total del país). No es difícil coincidir que una política que tenga como finalidad llevar las cárceles y vaciar las calles no es una solución de raíz de algún problema sino, a lo mucho, una forma de disfrazarlo. En el fondo se aprecia una sociedad sumamente empobrecida en la que dos de cada tres personas se encuentran en situación de pobreza. En ese contexto, no es de extrañar que las economías ilegales resulten tentadoras para buena parte de la población frente a las nulas expectativas que ofrece la sociedad y la arriesgada opción de la migración.
Es a este grupo poblacional al que el gobierno de Bukele ha declarado la guerra franca. Los informes críticos señalan contundentemente que los operativos que terminan en detenciones tumultuosas se han orientado típicamente a comunidades empobrecidas, de bajos recursos, lo que además facilita los abusos policiales en todo el proceso acusativo y penitenciario. La violencia estructural que por décadas degradó y corrompió a los sectores más vulnerables de la sociedad salvadoreña se ha transmutado en una violencia directa, represiva, más orientada a enterrar el problema que a solucionarlo. Como siempre, son los empobrecidos los que se llevan la peor parte.
La sociedad penitenciaria
El conjunto de medidas que Bukele ha impuesto están dedicadas a transformar radicalmente la faz de la sociedad salvadoreña. La débil transición a la democracia que siguió a un largo periodo de guerra civil (1979-1992) terminó por desmoronarse. Aunque Bukele no ha explícitamente removido las últimas piedras de la democracia procedimental -siempre el nivel más básico de la misma- ha consolidado su poder removiendo un conjunto de seguros que permiten que la democracia funcione como tal. Bajo la premisa de la seguridad, los toques de queda y las restricciones se han vuelto comunes, la disciplina se ha vuelto el mecanismo para producir una muy degradada libertad. La sociedad camina a pasos rápidos a convertirse metafóricamente en la penitenciaría que Bukele orgullosamente presume.
La fórmula parece estar resultando, al menos desde la maquinaria gubernamental. Habrá quienes se congratulen, pero un camino tan siniestro difícilmente puede reconstruir un pueblo. En cambio, solo unas pocas voces han advertido con clarividencia sobre los peligros de mantener este rumbo. Tal como Óscar Martínez, periodista salvadoreño, afirmó: "Cuando Bukele pierda popularidad y los aplausos no le basten, las botas militares van a sonar un poco más".
P.S. Seguro habrá quien pueda contestar que el fin justifica los medios y que los abusos y la violencia sembrará buenos frutos. No obstante, el argumento resulta sumamente incompatible con la ética cristiana que el Evangelio predica. Si esto no bastase, me permito introducir un argumento diferente: Nada permite afirmar contundentemente que en el corto plazo la violencia haya disminuido en El Salvador. Por un lado, la tendencia en la tasa de homicidios ya era descendente desde 2015, 4 años antes que Bukele. Por el otro, el estado de excepción ha instaurado también un régimen de poca transparencia en el que: a) no se pueden comprobar las afirmaciones del presidente de “cero homicidios” y b) una serie de homicidios han dejado de ser catalogados como tales y, por lo tanto, no se cuentan (como enfrentamientos en los que participan maras y otras muertes asociadas a las acciones policiales).
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