Los resultados de la jornada electoral dan mucho material para el análisis y la discusión, por lo que en entradas sucesivas estaré hablando sobre algunos de los aspectos que me parecen más importantes a la luz del Pensamiento Social Cristiano.
Quisiera iniciar con uno de los más problemáticos: la división partidista de la Ciudad de México. Particularmente quisiera poner sobre la mesa el tema del clasismo que salió a relucir al conocerse este resultado.
La derrota de Morena en práctica (y estéticamente) la mitad de la Ciudad de México fue una de las grandes sorpresas de las elecciones intermedias. No vamos a discutir aquí si se debió a las divisiones internas de Morena, al éxito local de la estrategia de alianzas de la “oposición”, a la descuidada política de Obrador para con las clases medias o a la desilusión de la población con estudios universitarios (que en 2018 fue un importante bastión morenista). En cambio, nos centraremos en el discurso que de forma clasista y simplista encontró la “causa” de la distinción en cuestiones como “pagar impuestos” vis-a-vis “recibir subsidios”.
En primer lugar, es importante decir que, en realidad, la división partidista de la Ciudad de México no es tan simple como las imágenes dan a entender. De hecho, en la mayoría de las alcaldías los márgenes de victoria fueron muy reducidos y en todas, si se analiza a nivel distrital, encontramos marcadas diferencias respecto al resultado ganador. Eso implica que en cada alcaldía no hay un apoyo sustancial a cada bando, sino que tiene un electorado dividido. Como siempre, la realidad es mucho más compleja que nuestras representaciones gráficas de la misma.
En segundo lugar, no tardó en circular una “explicación socioeconómica” de los resultados, donde el poniente, rico, había votado por la “oposición”, mientras que el oriente, pobre, hizo lo propio por Morena. Como si el poniente y el oriente de la CDMX fueran zonas homogéneas económicamente hablando. En este sentido, tal visión no solo es simplista, sino falsa y completamente alejada de la realidad social.
Además, enfrenta a “quienes pagan impuestos” contra “quienes reciben subsidios”. Esta visión confrontativa perpetúa la estigmatización de los beneficiarios de los programas sociales y es otro ejemplo de cómo la meritocracia legitima la cultura del descarte. Esta narrativa recupera el mito de que las personas pobres “viven mantenidas por el gobierno.” Se argumenta que los programas sociales acostumbran a sus beneficiarios a “la comodidad”, lo que los lleva a no “querer salir adelante por sí mismos.” Por el contrario, los beneficios gubernamentales promedio de los hogares más pobres apenas alcanzan los 13 pesos diarios por persona. En realidad, no solo no hay evidencia sino que va contra el sentido común pensar que por recibir poco más de 400 pesos al mes, el o la beneficiaria se vuelve dependiente del gobierno o que esa cantidad desincentiva al “esfuerzo.” Este y otros mitos son profundizados y explicados por el Dr. Máximo Jaramillo.
Además, la narrativa oculta el hecho de que “los ricos” tienen y aplican estrategias para disminuir su pago de impuestos. Por ejemplo, las personas ubicadas en el decil más rico de la sociedad deducen, en promedio, 138,000 anuales. En cambio, los beneficiarios de los problemas sociales reciben en promedio menos de 5000 pesos anuales. Así, según la narrativa meritocrática dominante: “sólo merecen redistribución aquellos que se esfuerzan”. Dicha lógica se manifiesta más cuando las clases medias altas y altas defienden su “derecho” a deducir impuestos, al mismo tiempo que se estigmatiza a quienes reciben una beca escolar, porque “no vayan a hacerse flojos o malgastar el dinero en alcohol y drogas”.
En última instancia, la narrativa meritocrática se inserta dentro de las atribuciones causales de la pobreza, es decir, son la respuesta personal y subjetiva sobre por qué hay pobres. El problema es que dicha respuesta condiciona nuestra comprensión del problema y nuestro apoyo o rechazo a las políticas redistributivas que son necesarias para abatir las desigualdades sociales. Lo cual es sumamente problemático cuando México tiene una enorme deuda en materia de redistribución.
Países como Finlandia e Irlanda son ejemplo de cómo las políticas redistributivas (impuestos y gasto social) sí pueden disminuir la desigualdad en sus sociedades. En cambio, la gráfica muestra que las políticas redistributivas mexicanas son insuficientes. Por ello, debemos complejizar nuestros análisis, problematizar nuestras concepciones y visiones de la realidad y redoblar esfuerzos en construir una sociedad más justa a la luz del Evangelio por medio del impulso de políticas redistributivas más eficientes; lo que incluye luchar por la justicia fiscal y hacer de las políticas públicas la práctica y el ejercicio de la forma más alta de la caridad.
David Eduardo Vilchis Carrillo