En una entrada anterior recopilé las principales críticas que se han vertido alrededor del Tren en la Península de Yucatán. En la presente le ofrezco al lector unas cuantas dudas, a manera de dilemas, sobre un megaproyecto de tal magnitud. Pido disculpas, de antemano, por sólo colocar las preguntas y quedarme corto a la hora de imaginar las respuestas…
Dilema 1: Los caminos del desarrollo
El Tren “Maya” llega como un proyecto para “desarrollar” una región (el sur del país) históricamente olvidada y explotada. El primer dilema ante el que nos coloca este gran proyecto de desarrollo de infraestructura responde a la pregunta: ¿Acaso es el desarrollo el único camino de bienestar posible? ¿La elección deberá ser entre el reordenamiento territorial adjunto a la urbanización turística de alto impacto ambiental o el olvido y la exclusión al que ha sido sometida la región?
Dilema 2: El chantaje del Estado desarrollista.
El segundo dilema es nuevo para México, pero se ha presentado recurrentemente en otros países de Latinoamérica. Con la llegada con el cambio de siglo de la “ola rosa” de gobiernos progresistas en el cono sur, ha sido ampliamente documentado cómo el Estado ha tomado las riendas del desarrollo con la finalidad de capturar los beneficios y usarlos para ampliar el gasto social. La interrogante que surge en este caso: ¿Es válido buscar el desarrollo de la totalidad de un país a expensas de la explotación de una región?
Dilema 3: La legitimidad en cuestión
Un tercer dilema aparece cuando se contempla la aparente contradicción entre la legitimidad popular de AMLO contra los derechos de autonomía de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas por el proyecto. Puesto que desde su campaña a la presidencia, AMLO hizo del Tren “Maya” un elemento central de sus promesas, además de ostentar un carisma construido en su arraigo popular y su pasado indigenista, todo indicaría que tras su elección contaba con un cheque en blanco para la construcción del tren. Teniendo en cuenta dichas consideraciones ¿es en alguna medida políticamente legítimo que haya buscado impulsar el Tren Maya sin consulta previa? ¿El apoyo que explícitamente obtuvo de algunos sectores interesados se puede interpretar como anuencia para el Tren Maya (a pesar de la denodada oposición de otros sectores)?
Dilema 4: Sobre una confusa economía política de los megaproyecto
Un cuarto dilema concierne a la oscura relación que se observa en la distribución de los beneficios y los costos de proyectos de este cariz. En un principio, se llegó a argumentar que el tren sería viable pues se esperaba que hasta el 90% de los recursos provendrían de fuentes privadas.
Esto levantaba suspicacias sobre el posible acaparamiento de los beneficios de su operación en manos de particulares. ¿Cómo iba a beneficiar a las comunidades si los beneficios se quedarían en unas cuantas empresas? Ahora se tiene certeza que el 100% de los recursos provendrá de fondos públicos. Esto implica una inversión estimada en 120 mil millones de pesos y la adjudicación de la operación al ejército. Aunque a primera vista esto podría parecer una buena noticia, reportes recientes destacan la precaria situación económica en que se encuentran las finanzas del tren, a punto de dejar de ser rentable. Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, un incremento de más de 10% de los costos de construcción haría el proyecto económicamente inviable. Si en un primer momento se criticaba que la mayor parte de los beneficios económicos serían capturados por lasélites económicas, ¿ahora debemos alarmarnos porque el Tren parece ser un proyecto insolvente en manos del Estado?
Dilema 5: Entre la eficiencia y la militarización
Por último, el quinto dilema: parece ser que la convicción del gobierno federal es que las únicas instituciones en las que puede confiar es la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Cabe recordar que además del Tren“Maya”, el aeropuerto de Santa Lucía y el corredor Transístmico están en manos de las fuerzas armadas. Sin tenerles mala fe, son organizaciones no-democráticas, que responden a idiosincrasias organizacionales muy particulares y no fueron diseñadas para esta clase de servicio público. ¿Es la militarización de los proyectos de desarrollo el único camino hacia la eficiencia a la costa de la transparencia y la rendición de cuentas?
En fin, el lector juzgará si mis dudas le parecen pertinentes.
Alejandro Aguilar Nava
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