Por David Vilchis
Redistribución es una palabra que causa suspicacia. En primer lugar, no siempre queda clara la histórica denuncia del pensamiento social cristiano sobre cómo la acumulación de la riqueza despoja al que no tiene, más cuando se habla en términos de generación de la misma.
En segundo lugar, la redistribución implica conflicto. En su célebre distinción de las políticas públicas, Theodore Lowi señalaba que la distribución se caracteriza por desagregar y repartir los recursos públicos con facilidad y sin que hubiese conflicto entre favorecidos y desfavorecidos, los cuales muchas veces no pueden identificarse claramente. En cambio, reconocía que la redistribución siempre es conflictiva porque afecta la relación entre sectores al contraponer intereses. Si bien la raíz de esta oposición se encuentra en que para darle a unos hay que quitarles a otros, la materialización de este tipo de políticas es mucho más compleja. Pues, si bien históricamente las hemos vinculado con propuestas de izquierda y con acciones como la expropiación o la nacionalización, en realidad, cuestiones como el aumento del salario mínimo, el establecimiento de salarios dignos y competitivos, el reconocimiento y dignificación del trabajo, la reforma fiscal progresiva o el establecimiento de sistemas de seguridad social universales son ejemplos de políticas redistributivas que incluso fomentan organismos internacionales como el FMI y la OCDE.
La urgencia de soluciones a las graves injusticias sociales ha sido razón suficiente para apostar por políticas redistributivas. Y en esta línea parece apuntar la Doctrina Social de la Iglesia. Acciones como el reparto agrario (CDSI, 300), la transferencia del ingreso de grupos sociales privilegiados a menos favorecidos a través de instrumentos fiscales (CDSI, 303) e incluso la redistribución de la riqueza a escala planetaria a través de la socialización del conocimiento científico y tecnológico (CDSI, 363) son promovidas abiertamente por la Doctrina Social de la Iglesia.
En este sentido, el papa Benedicto XVI critica la separación entre la economía que genera riqueza y la política que la redistribuye (Caritas in veritate, 36) y subraya la necesidad de que “leyes justas y formas de redistribución guiadas por la política, además de obras caracterizadas por el espíritu del don” acompañen a la economía. (Caritas in veritate, 37) Y, aunque el papa Francisco no habla formalmente de redistribución –al menos en Evangelii gaudium y Fratelli tutti–, en numerosos discursos ha apoyado y promovido acciones de esta índole, como trabajo digno, reformas fiscales progresivas y cuidado de la salud para todos los ciudadanos.
Así, la justicia que busca la Iglesia es social por naturaleza y tiene el objetivo de establecer un orden social justo que garantice “a cada uno, respetando el principio de subsidiariedad, su parte en los bienes comunes.” (Deus Caritas est, 26) Ahora, aunque la Doctrina Social de la Iglesia reconoce la dimensión política de la justicia y la redistribución, no considera que sea acción exclusiva del Estado, sino que la señala como un área de aportación y colaboración desde la Iglesia: de forma mediata a través de la purificación de la razón a través de la fe; y de forma inmediata a través de la participación ciudadana. (Deus Caritas est, 28 y 29)
Así, al hablar de redistribución conviene tener siempre en mente el principio del destino universal de los bienes, el cual es una de las múltiples implicaciones del bien común y es el fundamento del derecho universal al uso de los bienes. No se trata de hacer una equiparación ni una reducción entre la redistribución y este último, sino de iluminar a la primera con el segundo comportando un esfuerzo común “dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las condiciones necesarias de un desarrollo integral” (CDSI, 175) y luchando porque todos los demás derechos –como la propiedad o el libre comercio– no sean un obstáculo, sino antes bien faciliten su realización. (CDSI, 172)
Finalmente, toda redistribución requiere políticas públicas bien diseñadas e implementadas que han de ser elaboradas en conjunto con sus beneficiarios: los excluidos, descartados y desposeídos. Proponiendo políticas con los pobres, de los pobres, incorporando a las personas descartadas en la construcción del destino común (Fratelli tutti, 169) en justicia y solidaridad. “Solidarios al luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda” y “justos sabiendo que, cuando resolviendo en el derecho, damos a los pobres las cosas indispensables no les damos nuestras cosas, ni la de terceros, sino que les devolvemos lo que es suyo.”
Evidentemente se trata de un debate inacabado y aún quedan muchos elementos en el tintero. No obstante, como comunidad de fe hemos de continuarlo y buscar formas y estrategias para hacer que todos los principios y exigencias de la Doctrina Social de la Iglesia no se vuelvan emotivos discursos o utopías inalcanzables, sino que se conviertan en verdaderos ejes rectores en la búsqueda y construcción de una sociedad justa a la luz del Evangelio.
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