Por David Vilchis
Como bien lo comentó el secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, 30 años son muchos en la vida de una persona, pero son muy pocos en la vida de las naciones y de la Iglesia. En este sentido, hacer un balance a 30 años de las reformas que abrieron un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre el Estado mexicano y la Iglesia católica y en la lucha por la libertad religiosa en nuestro país puede parecer apresurado, pero considerando las vicisitudes de la historia nacional, es conveniente hacerlo para identificar logros y pendientes.
En esta discusión, el IMDOSOC ha contribuido ampliamente. Sólo en lo que va del año, el Dr. Raúl González Schmal impartió una conferencia verdaderamente magistral donde reflexionó sobre el Estado laico y la libertad religiosa a propósito de la sentencia del Tribunal electoral contra ministros de culto. En esta línea, Alejandro Aguilar se preguntaba sobre las relaciones entre religión y política y proponía pensarla en términos de fertilización. Mientras que Abraham Hawley nos compartió una novedosa discusión sobre las (difusas) fronteras entre lo religioso y lo político.
Además, hace poco, señalaba algunos desafíos para el derecho a la libertad religiosa en México, los cuales se revisten de urgencia al considerar las consecuencias de los procesos de secularización. En este sentido, siguiendo los momentos del método de la Doctrina Social de la Iglesia, se organizó, en una jornada de tres días, el II Coloquio sobre libertad religiosa. Así, desde el ver, se discutieron tanto las reconfiguraciones religiosas contemporáneas, como las cuestiones constitucionales de dicho derecho humano. Desde el juzgar, se enfatizó la dimensión interreligiosa y ecuménica de la libertad religiosa, y se hizo un recorrido crítico de las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia. Finalmente, desde el actuar, se compartió la experiencia del eje Iglesias de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.
Sin duda, debemos continuar la reflexión de tan importantes temas. Particularmente, quiero retomar una idea común en las intervenciones del canciller Marcelo Ebrad y del Cardenal Parolin en el encuentro por el trigésimo aniversario del restablecimiento de las relaciones entre México y la Santa Sede: la colaboración entre ambas instancias no solo es posible, sino que es deseable y hasta imprescindible en la construcción de una sociedad justa. Esta colaboración se posibilita tanto por las sinergias de temas y valores comunes, como por la dimensión social de la fe.
Por un lado, la erradicación de la pobreza, el combate a las desigualdades, la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos, junto al profundo respeto de la dignidad de la persona humana y sus libertades, son algunas causas y valores comunes que promueven la cercanía entre los esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, de México y Roma. En este sentido, el diálogo entre los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede propiciar un marco que articule de mejor manera los bríos de instancias tanto religiosas como seculares.
Por otro lado, la dimensión social de la fe no se limita al culto público, sino se expresa verdaderamente en la posibilidad del creyente de contribuir a los esfuerzos para alcanzar el bien común, asumiendo como ciudadanos la responsabilidad de participar en la vida pública. En esta participación se comprende la actividad pastoral de la Iglesia, la cual atiende a la población mexicana no solo desde lo litúrgico y lo catequético, sino también desde lo social, la salud, la educación, etc. Y también comprende la “animación cristiana del orden temporal […] con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades” de los fieles laicos, quienes “de ningún modo pueden abdicar de la participación en la «política»; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común.” (Christifideles laici, 42) Para ello, es importante comprender y defender las sanas relaciones entre la Iglesia y el Estado en los términos expresados por el Concilio Vaticano II: autonomía y colaboración. Pues, como señaló el Dr. González Schmal, separación no tiene porqué implicar oposición. O, en palabras del Concilio:
La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuesta de las circunstancias de lugar y tiempo. (Gaudium et Spes, 76)
Sin duda, los retos son grandes y aún quedan muchas cosas por hacer para lograr relaciones verdaderamente sanas entre la Iglesia y el Estado, así como para garantizar el pleno goce del derecho a la libertad religiosa para todas y todos los mexicanos. Por ello, aprovechemos las discusiones y reflexiones provocadas en este trigésimo aniversario para tomar aliento y seguir caminando juntos hacia un futuro compartido en el que creyentes y no creyentes construyamos ciudadanía desde la pluralidad y así luchemos por el establecimiento de una sociedad totalmente justa.